Una orden autonómica impide abrir centros para inmigrantes sin permiso previo de la Junta

Menos de un mes después de que se conociese la polémica decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un centro de acogida para inmigrantes, iniciativa que finalmente se descartó, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, publicó una orden para evitar sorpresas de este tipo en la comunidad autónoma. Impide la apertura de un centro para personas en situación de vulnerabilidad sin permiso previo de la administración autonómica y detalla las condiciones que deben cumplir las instalaciones de este tipo, ya sean albergues o viviendas. El objetivo, apunta este reglamento, es «desinstitucionalizar» el cuidado de estas personas dejando atrás los grandes albergues en busca de otros más reducidos. «Los grandes centros favorecen la despersonalización», insiste apostando por un modelo más personalizado y «acorde con el enfoque de derechos humanos».

Diferencia dos tipos de instalaciones: albergues y viviendas. En ninguno de los dos modelos encajaría el centro que se plantea para el antiguo edificio de la residencia de San Juan de Sahagún, salvo que se reduzca mucho el número de personas que se pretende llegar a alojar en él. La Orden FAM/1160/2024, de 28 de octubre, considera albergues «los equipamientos con ubicación autónoma e identificable con capacidad máxima de 120 plazas para facilitar alojamiento temporal a las personas en situación de vulnerabilidad». Muy lejos de esta definición quedaría el espacio con capacidad para más de 400 inmigrantes que recoge el Grupo Tragsa en el proyecto que plantea al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Otra de las condiciones que establece la Junta para este tipo de recintos es que se ubiquen en localidades que dispongan de centros de acción social y centro de salud con capacidad suficiente para atender a los nuevos usuarios, así como en lugares que faciliten la participación social con los ciudadanos del entorno.

Por el momento, ni la Secretaría de Estado de Migraciones ni la Fundación Cepain no habrían tramitado ante la Junta de Castilla y León la solicitud de autorización para la apertura de un centro incluido en la red estatal de acogida de inmigrantes.

Hay que recordar que, pese a que el Grupo Tragsa ha iniciado las tareas de puesta a punto de la antigua residencia de mayores y ha elaborado un borrador de proyecto para convertirlo en un recinto en el que se puedan llegar a alojar casi medio millar de personas, fuentes del Ministerio que dirige Elma Saiz insisten en que, por ahora, no se ha decidido el uso que se dará al complejo y que tan solo se está trabajando con la previsión de que se pueda llegar a necesitar en un futuro. No obstante, este periódico tiene constancia de que desde Migraciones se dio orden en noviembre a la empresa de que le hiciese llegar una propuesta de actuaciones y equipamiento para que el edificio pueda alojar a inmigrantes «a la mayor brevedad posible», posiblemente a partir del próximo mayo.