Nuevo 'tetris' en Justicia para enmendar el fallido traslado de Menores

No han pasado ni cuatro meses desde que el Juzgado de Menores dejó el Palacio de Justicia de Gran Vía para mudarse a la séptima planta del recién rehabilitado edificio del antiguo MOPU, en el paseo de Torres Villarroel, y ya se ha puesto fecha para su nuevo traslado. Tras las críticas de los funcionarios, jueces y sindicatos, el Ministerio de Justicia ha asumido su error y, en un oficio enviado desde la Gerencia Territorial, se establece que el 11 y el 12 de abril la sala abandonará esas dependencias para reubicarse en los juzgados de la plaza de Colón. Para que ese movimiento sea posible, el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños tiene que retomar el «tetris» en el que la Justicia salmantina lleva sumida desde finales de noviembre por los evidentes problemas de espacio que existen.

En su reciente memoria, el ya exdecano de los jueces, Juan Rollán, calificó de «inadecuada» la ubicación del Juzgado de Menores «tanto por considerar perjudicial la atención a los Menores en la planta séptima de un edificio, como por ubicarse en un edificio compartido con dependencias administrativas de otras entidades y administraciones». Pidió que se llevase a las instalaciones de Colón «donde se encuentran los restantes Órganos de la Jurisdicción Penal, la Fiscalía, la Clínica Forense y el equipo psicosocial», así como la Fiscalía de Menores y los Equipos Técnicos. En la misma línea, los sindicatos STAJ, CSIF, UGT y CCOO denunciaron que «difícilmente puede salvaguardase la protección de los menores compartiendo unos espacios comunes bastante pequeños» y llamaron la atención sobre que «se trata de personas que pueden encontrarse en estados o situaciones complejos y de alta vulnerabilidad, por lo que, optar por la séptima planta de un edificio de las características del elegido, no parecía lo más adecuado». Finalmente los argumentos han calado y el Ministerio ha reconocido su error al plantear el inminente traslado del Juzgado de Menores a las dependencias de Colón.

No obstante, ese traslado no resulta sencillo, puesto que en el edificio de los juzgados no queda ni una oficina libre. Por ello, es necesario retomar el «tetris» de oficinas y órganos judiciales que Justicia paralizó a principios de este mes. Así, tal y como estaba previsto inicialmente, la sala de lo Social número 3 se irá de Colón al Palacio de Justicia de la Gran Vía. Ni siquiera un cuatrimestre ha aguantado en la misma ubicación este juzgado que se creó el pasado 19 de diciembre. Conforme al oficio que firma el gerente territorial de Justicia, Mario Rodríguez, y al que ha tenido acceso este periódico, está previsto que se mude los días 1 y 2 de abril al inmueble en el que se encuentra la Audiencia Provincial, pero esta no será su ubicación definitiva, sino que ya se deja claro que es un emplazamiento provisional. Hasta que se emprendan las obras de reforma del Palacio, que de momento ni se han licitado, estará en las antiguas dependencias de la Fiscalía de Menores, en la última planta del inmueble, en la que fue la antigua vivienda del fiscal jefe.

Justicia ha expresado también por escrito su compromiso de que la próxima semana se cambie de ubicación el Juzgado de Primera Instancia número 10, el de Familia, «al espacio libre que dejará el Juzgado de lo Social número 3». En este caso, los funcionarios de esta sala no tendrán que cambiarse de edificio, sino tan solo de oficinas sin salir de las dependencias de la plaza de Colón. Las fechas previstas para este segundo cambio serían el jueves y el viernes 4 y 5 de abril. Con ello, se liberarían oficinas en este edificio, que inicialmente iban a destinarse a la Fiscalía de Menores y los equipos técnicos, y en los que, si no se producen retrasos el jueves 11 y el viernes 12 de abril se asentará el Juzgado de Menores.

Todos estos traslados los vincula el Ministerio con las obras de rehabilitación del Palacio de Justicia, comprometidas para el pasado ejercicio por el Gobierno de Pedro Sánchez y que de momento ni siquiera se han licitado. Lo cierto es que, en este caso, el objetivo más urgente es sacar Menores de la última planta del edificio del paseo de Torres Villarroel cuanto antes tras las críticas recibidas durante los últimos meses. A la remodelación interior del inmueble de la Gran Vía, que permitirá mejorar su accesibilidad, no se le ha puesto todavía fecha.

Sin solución para la Fiscalía de Menores

En la planificación que la Gerencia Territorial de Justicia diseñó el pasado otoño, la previsión era que la Fiscalía de Menores, así como el equipo técnico de psicólogos, educadores y trabajadores sociales vinculado a ella pero adscrito al Instituto de Medicina Legal, se trasladase a las oficinas del edificio de la plaza de Colón que iban a dejar libres los Juzgados de Primera Instancia números 8 y 10 (Familia). A finales de febrero, se procedió a trasladar las oficinas del Ministerio Público de la tercera planta del Palacio de Justicia a Colón. Pero no encontró el espacio prometido, sino la mitad. Al paralizar la mudanza del Social 3 a Gran Vía, también se bloqueó el cambio de oficinas de la sala de Primera Instancia número 10. Y tal y como denunció este periódico, la Fiscalía de Menores y el equipo técnico se encuentran ahora concentrados en la mitad de las oficinas previstas, una situación que deja expuestos en pleno pasillo a los niños y adolescentes que acuden a las entrevistas vinculadas a los diferentes procedimientos judiciales. Ahora, la Gerencia Territorial ha comunicado que retoma el «tetris» de traslados y que, por tanto, las instalaciones del Juzgado de Primera Instancia número 10 quedarán liberadas. Sin embargo, estas oficinas ya no serán para la Fiscalía, sino que en menos de dos semanas pasarán a estar ocupadas por el Juzgado de Menores, con lo que la falta de espacio que afecta al Ministerio Público y a los técnicos que trabajan codo con codo con él en los casos que afectan a niños y adolescentes continuará sin solucionarse o, al menos, Justicia no ha comunicado todavía cómo pretende solventar este problema.

Una reforma sin fecha

El 8 de junio de 2020 el entonces subdirector general de Contratación, Servicios y Oficialía Mayor de Justicia, Manuel Ruiz Daimiel, firmó un contrato con Gira Arquitectos & Javier Fuster Arquitectos. Con Juan Carlos Campo al frente de esta cartera, se resolvía un concurso público que se había convocado casi dos años antes, en septiembre de 2018, cuando al frente del Ministerio se encontraba aún Dolores Delgado.

A esa unión temporal de empresas se le dio entonces un plazo de dos años para redactar el proyecto de rehabilitación del Palacio de Justicia. Todo ello, a cambio de un presupuesto de 248.050 euros —IVA incluido—. Conforme a aquella adjudicación, el Ministerio de Justicia dispone desde la primavera de 2022 del proyecto de reforma del número 33-37 de la Gran Vía. Sin embargo, desde entonces han pasado casi dos años y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado vaciar el edificio en el que se encuentra la Audiencia Provincial para poder iniciar las obras.

Con Pilar Llop a su frente, el Ministerio gastó más de un millón y medio de euros solo en acondicionar espacios para la ubicación provisional de juzgados. A finales de 2022 contrató las obras para acondicionar cuatro plantas, hasta entonces sin uso, del antiguo edificio del MOPU, en el paseo de Torres Villarroel. Destinó 506.237 euros a una actuación que no se dio por concluida hasta el pasado otoño, cuando comenzó el «tetris» de órganos judiciales con el objetivo de liberar el Palacio de Justicia.

Pero no fue la única intervención que se contrató durante el mandato de Llop. El pasado septiembre se cerró el acuerdo con la constructora Ejuca para que retomase la obra de reforma del edificio contiguo al Palacio de Justicia, situado en el número 39-41 de la Gran Vía. A este inmueble se trasladará la Audiencia Provincial y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria durante la reforma de su actual sede. Su remodelación se contrató por primera vez estos trabajos en diciembre de 2019 por 921.184 euros. Esa actuación debía haber concluido cinco meses después, antes de mayo. Sin embargo, en 2022, después de los peores meses de la pandemia, el Ministerio reconoció «ciertas dificultades durante la ejecución de las obras», que le llevaron a resolver el contrato vigente con la empresa. Por este motivo, Justicia tuvo que volver a licitar estos trabajos, eso sí, tardó más de año y medio en hacerlo. Y fue hace medio año cuando los volvió a contratar por 1.134.843 euros. Ya han pasado los cinco meses que se le dieron a la empresa para completarlos, pero de momento no hay ninguna información oficial de que se hayan concluido.

Aunque la reforma del edificio contiguo al Palacio de Justicia estuviese ya lista para albergar la Audiencia Provincial y otros órganos judiciales, no hay prisa por hacerlo. Aunque la Gerencia Territorial lleva desde finales de noviembre inmersa en un «tetris» de traslados de órganos judiciales, lo cierto es que de momento el departamento que ahora dirige Félix Bolaños no ha sacado a licitación las obras de reforma del Palacio de Justicia. Resolver ese procedimiento llevará, en el mejor de los casos, cuatro meses, con lo que es bastante improbable que los trabajos pudiesen comenzar antes del último cuatrimestre del año, pese a que el compromiso el Gobierno de Pedro Sánchez era iniciarlos en 2023.

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