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En los ocho años posteriores a la crisis económica que estalló en 2007, los ayuntamientos de la provincia prescindieron de casi una quinta parte de sus trabajadores. Un 19 % de los puestos que existían en las entidades locales se «amortizaron», término que popularizaron los políticos para evitar hablar de los incómodos recortes. En 2013 el Consistorio de la capital ya había logrado un ahorro anual de once millones de euros en el pago de nóminas, y la Diputación, más de ocho. En la misma línea, la Junta de Castilla y León prescindió de un 7 % de la plantilla de la que disponía en esta provincia, y el Estado redujo la suya un 9 %. De aquellos planes de austeridad, no queda ya ni rastro.
El número de empleados al servicio de las administraciones públicas vuelve a tocar un nuevo techo, una cifra que no se había alcanzado nunca. El 1 de julio del pasado año eran 27.056, según publicó este jueves el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El dato implica que además de que en doce meses se aumentó la plantilla en 588 personas, un 2,22 %, ya hay más salmantinos trabajando para los ayuntamientos, la Junta y el Estado que en los años previos a la crisis económica. Tras el periodo más negro de la pandemia, en solo cuatro años, no solo han recuperado el personal perdido en la década anterior, sino que ahora cuentan con una plantilla mayor todavía.
Las administraciones públicas tienen en nómina a más de una quinta parte de los trabajadores de Salamanca, al 21 % de los afiliados a la Seguridad Social, y al 27 % de los que trabajan por cuenta ajena. Casi dos de cada tres forman parte del capital humano de la Junta de Castilla y León. Son 16.456 los empleados de la administración autonómica que desempeñan su labor en esta provincia. Estos aumentaron un 0,86 % en el último año, en 141 puestos, según refleja el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. No obstante, en Valladolid, sede de las principales instituciones autonómicas, el crecimiento del personal es tres veces superior. En el mismo periodo, la Junta contrató 682 personas en la provincia vallisoletana, lo que supone un incremento del 2,69 %, un mayor esfuerzo de contratación que el realizado en Salamanca.
El Estado es el que menos empleo genera en esta provincia. Entre julio de 2023 y el mismo mes de 2024 su plantilla tan solo creció en 29 trabajadores, un 0,61 %. Si bien redujo su personal durante la crisis económica y la ha aumentado en los últimos años, todavía tienen menos personal que hace década y media. El pasado julio contaba con 4.822 empleados en esta provincia, casi medio millar menos que en el mismo mes de 2008. Los datos evidencian que, pese a sus promesas de descentralizar, el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por Madrid. En doce meses la Administración estatal sumó 6.912 empleados más (1,3 %). Más de un tercio desarrollan su labor en la capital del país, concretamente 2.463. En ella, la plantilla de los ministerios ha crecido un 1,58 %, casi el triple que en la ciudad del Tormes.
Pero el verdadero impulso a la plantilla pública de Salamanca en los últimos meses ha llegado a través de las entidades locales. Los ayuntamientos sumaron 418 trabajadores entre julio de 2023 y el mismo mes de 2024, lo que supone un incremento del 7,8 %. Con ello, las entidades locales suman ahora 5.778 empleados públicos. Tienen más personal contratado que antes de la crisis económica y se sitúan en las cifras más elevadas de la historia. Solo en enero de 2010 justo antes de que comenzasen los grandes recortes de personal derivados de los planes de austeridad se registró una cifra superior, 6.065 empleados.
Aunque el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación son las entidades locales más grandes que existen en la provincia y ambas han convocado procesos de selección para la ampliación de su plantilla en los últimos años, lo cierto es que muchos de los nuevos trabajadores municipales desarrollan su labor en pueblos de la provincia. Forman parte del empleo generado a través del Plan de Apoyo a los Municipios al que La Salina destinó el pasado año más de doce millones de euros, fondos con los que los pequeños consistorios pudieron, entre otras cosas, contratar personal.
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