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El Partido Popular de Salamanca 'saca pecho' de los servicios sociales prestados en Castilla y León. Los procuradores Carmen Sánchez Bellota y José María Sánchez han comparecido ante los medios de comunicación en la mañana de este lunes para poner en valor el trabajo llevado a cabo por las administraciones, las entidades y los profesionales del sistema social autonómico y el esfuerzo económico realizado para cubrir todas las necesidades después de que la Comunidad haya sido reconocida por liderar, durante una década, en la prestación de dichos servicios.
Este galardón ha sido concedido por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España por ocupar el primer puesto de manera ininterrumpida desde el año 2012 entre las autonomías de régimen común. «Castilla y León continúa siendo punta de lanza en la gestión de servicios sociales», ha asegurado Carmen Sánchez, tras recordar que la Comunidad, en el último Índice DEC, que corresponde al año 2022, ha recibido una puntuación de 7,3 puntos sobre 10, creciendo medio punto más respecto a 2021 y alrededor de dos más que la media nacional, recalcando que este reconocimiento ha llegado fruto del trabajo que han llevado a cabo, 'codo con codo', la Junta de Castilla y León, las entidades locales y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, que garantiza continuidad, estabilidad y homogeneidad en toda la Comunidad.
La procuradora Carmen Sánchez ha manifestado el firme compromiso que la Junta de Castilla y León sigue teniendo con los ciudadanos que residen en la Comunidad y ha calificado a los profesionales que, cada día, trabajan para garantizar unos buenos servicios sociales en ella como «principales artífices de este reconocimiento». «Los servicios sociales de Castilla y León son los más eficientes. Destacan por su eficiencia y equilibrio», ha recalcado Sánchez Bellota.
El gasto social que la Comunidad realiza por habitante para garantizar una buena prestación de servicios sociales se cifra en los 519,3 euros, suponiendo un 16% más que el año anterior y 57 euros por encima de la media estatal, colocando a Castilla y León en la lista de autonomías que, en 2022, aumentó el gasto en servicios sociales sobre el PIB, el cual alcanzó el 2,12% -dos décimas más que el año anterior- y superó el 1,82% de la media del conjunto del Estado.
En palabras de Carmen Sánchez, «mantener a la Comunidad como referente en materia de servicios sociales no es nada fácil teniendo en cuenta las realidades sociodemográficas que tiene Castilla y León, que condicionan los desafíos a los que se enfrenta el sistema social». «El acusado envejecimiento, la baja natalidad, la dispersión poblacional y el carácter eminentemente rural de la población son aspectos fundamentales a tener en cuenta para conocer las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos de Castilla y León, que deben ser abordadas por estos servicios sociales», han asegurado los procuradores populares.
Durante esta última década, el gasto por habitante ha crecido un 40,2% en la Comunidad frente al 30,7% estatal; 10 puntos por encima que se traducen en 149 euros más por habitante, superando en 40 euros a la media de todas las comunidades autónomas.
El procurador popular José María Sánchez ha señalado que el Índice DEC, que evalúa de forma objetiva e independiente los derechos, la economía y la cobertura de los servicios sociales, ha tenido en cuenta la labor llevada a cabo en los 22 CEAS de la provincia, junto al trabajo de los 153 técnicos con los que cuenta la misma.
En el primer semestre del año, se ha atendido a 17.825 salmantinos en situación de dependencia, situándose el número de prestaciones concedidas en 24.062.
Respecto a la atención realizada en residencias, centros de días y viviendas para personas con discapacidad, hay que destacar que Salamanca se encontraba, a finales del año pasado, en 2.484 plazas -420 plazas residenciales, 1.736 plazas en centros de día y 328 plazas en viviendas- con una cobertura de plazas residenciales del 3,64% y del 8,46% en centros ocupacionales y centros de día. La teleasistencia y la ayuda a domicilio son otros de los aspectos analizados en el Índice DEC, que, en Salamanca, se materializó, en 2022, con 8.302 y 5.290 usuarios, respectivamente.
Por último, José María Sánchez ha cifrado las ayudas de emergencia concedidas en la provincia durante 2022 referidas a las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en 3.100. Las destinadas a personas con deuda hipotecaria fueron 763 y las correspondientes a las deudas por arrendamiento de vivienda habitual fueron 1.367. Con el Bono Concilia -una ayuda de 750 euros por hijo-, se vieron beneficiadas 1.891 familias.
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