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Comienzan a llegar las primeras derramas y proyectos tras la entrada en vigor de la Instrucción Técnica Complementaria en materia de seguridad de ascensores, el pasado mes de julio.
Esta normativa implicó que cerca de 2.500 elevadores en la ciudad debían adaptarse a la regulación cuando se sometieran a la inspección rutinaria.
Lejos de haberse convertido en un problema, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández, asegura que se ha transformado en una oportunidad para que las comunidades aborden más obras orientadas a mejorar la accesibilidad de los edificios.
«La mentalidad ha cambiado», subraya Hernández, al destacar que, si antes resultaba difícil que las comunidades aprobaran proyectos para eliminar barreras arquitectónicas, «ahora existe una predisposición a ejecutar obras de supresión de barreras o a eliminar peldaños».
Se trata de trabajos que suelen ir acompañados de la renovación de los ascensores, en caso de que sea necesario, habitualmente para sustituirlos por otros con habitáculos más grandes y puertas más anchas, cuando la estructura del edificio lo permite.
«Los propietarios son conscientes de que nadie está libre de necesitar esas mejoras de accesibilidad, ya sea por la edad, una lesión o un accidente», advierte Hernández.
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