Las narcolanchas se encuentran en el punto de mira tras el asesinato de los dos guardias civiles embestidos por una embarcación en el puerto de Barbate. Salamanca y más concretamente en una nave de Calvarrasa de Abajo, que fue registrada en el año 2022 dentro de una gran operación contra el narcotráfico en España y Portugal, era el punto de supervisión de una organización de narcos que dirigía todo el entramado, de origen marroquí, tal y como avanzó LA GACETA.
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Fue una laboriosa y meticulosa operación, coordinada por un Juzgado de Cambados y en la que participaron agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. La denominada 'Operación Munari' se zanjó con la desarticulación de una organización criminal dedicada a la fabricación de embarcaciones de alta velocidad empleadas para la introducción de grandes cantidades de sustancias estupefacientes vía marítima.
La organización, asentada en la provincia de Pontevedra, contaba con infraestructuras en otras como Salamanca, pero también en La Coruña, Madrid, Barcelona e incluso en Portugal (en Viana do Castelo y Valença do Miño).
En el dispositivo se procedió a las detenciones de 22 de los presuntos componentes de la banda criminal (tres de ellos salmantinos pertenecientes a la misma familia), se llevó a cabo la entrada en al menos 27 domicilios y ubicaciones empleadas por los investigados y se localizaron más de 20 embarcaciones de alta velocidad (dos en Calvarrasa de Abajo) de unos 12 o 14 metros de eslora.
Las investigaciones permitieron identificar las funciones de los miembros de la red, quienes fabricaban las narcolanchas en la provincia de Pontevedra. Estas contaban con otra serie de enclaves en Portugal y culminaban finalmente en Salamanca donde eran dotadas del equipo necesario (cableado, motores y geolocalización) para el transporte de la droga principalmente en Tarragona, Levante y Andalucía.
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Concentración frente a la Subdelegación del Gobierno
Los sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se han aglutinado frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca para reclamar el desequilibrio salarial y familiar y y protección institucional como profesión de riesgo tras los asesinatos de Barbate. Una concentración que ha sido la antesala a la prevista en Madrid el próximo 16 de marzo, donde se darán cita policías y guardias civiles de todo el territorio nacional.
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