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Las obras para acondicionar el antiguo edificio de la residencia de mayores de San Juan de Sahagún, en Puente Ladrillo, como centro de acogida de inmigrantes continúan paradas y todo apunta a que, si se retoman, no será pronto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha presentado todavía la documentación exigida por el Ayuntamiento de la ciudad para poder desbloquear los trabajos, ni tampoco ha solicitado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la pertinente autorización para poder abrir un albergue destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Fuentes del Ministerio que dirige Elma Saiz aseguran que «sus servicios jurídicos están analizando ambas situaciones para decidir cómo proceder».
Hace menos de dos semanas la Secretaria de Estado de Migraciones apuntaba que el destino de las instalaciones que le ha cedido la Tesorería General de la Seguridad Social aún no estaba claro, al igual que han hecho posteriormente representantes socialistas. Sin embargo, después de las decisiones adoptadas desde las administraciones local y autonómica respecto a este proyecto, el Ministerio ha puesto en manos de sus abogados la paralización de estas obras encargadas a la compañía Tragsa.
Fue esta compañía quien presentó ante el Consistorio una declaración responsable para poder iniciar los trabajos de acondicionamiento de la antigua residencia, un trámite mucho más ágil que solicitar una licencia urbanística pero que solo sería válido para obras menores. Técnicos municipales consideraron que la declaración podría ser insuficiente para una intervención en el edificio de más de un millón de euros de presupuesto. Por ello, ordenaron a la constructora paralizar los trabajos y presentar documentación más detallada. Una vez que la presente, es muy probable, por tanto, que la administración local le exija pedir licencia urbanística, lo que obligaría al Ministerio a redactar y presentar un proyecto de reforma del complejo de la carretera de Aldealengua.
Tampoco el Ministerio ha respondido a la carta que la Junta de Castilla y León le remitió hace una semana. En ella, la administración autonómica le dejaba claro que en esta Comunidad no se permiten albergues para personas vulnerables cuya capacidad supere las 120 personas teniendo en cuenta que el documento de Tragsa habla de que se podrían llegar a alojar en el edificio 448 inmigrantes o refugiados.
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