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Más de un millar de profesores son despedidos cada verano para volver a ser contratados con el comienzo de curso. La administración pública, los centros concertados o privados se ahorran así pagar el sueldo o las cotizaciones que correspondería a agosto, e incluso también a julio, aprovechando el periodo de vacaciones escolares y, por tanto, también de los docentes. Aunque en otoño vuelven a ser llamados para realizar sustituciones que, en muchos casos, duran todo el curso o para reforzar la plantilla durante diez meses, cuando llegan los meses de verano, en los que los centros educativos cierran sus puertas son despedidos. Así, a pesar de que han trabajado los mismos días, e incluso más, que muchos compañeros que se encuentran en plantilla, ellos dejan de percibir su salario durante el periodo de vacaciones. En el conjunto de España esta situación afecta a unos 110.000 profesores. En Salamanca, los datos de afiliados a la Seguridad Social muestran que en junio, julio y agosto del pasado año fueron casi 1.469 los afiliados que trabajaban en el sector de la educación de esta provincia que fueron dados de baja. En octubre, a los pocos días de comenzar el curso, ya se habían reincorporado a las plantillas el 87% de los despedidos, casi 1.300 docentes. Y este verano está volviendo a repetirse la situación. En junio y julio —aún no están disponibles los datos de agosto— se ha dado de baja en la Seguridad Social a 1.177 trabajadores que desarrollaban su labor en la educación. La cifra es muy similar a la de los mismos meses de 2022 (1.165), pero muy superior a la de 2021 (871).
En los centros de enseñanza privada, al igual que en los concertados, resulta más fácil realizar este tipo de contrataciones que cubren la mayor parte del curso y permite ahorrarse parte de los sueldos del verano. A ello ha contribuido también la apuesta por el contrato fijo discontinuo, que facilita esta 'treta' a la hora de contratar personal que ofrece servicios complementarios. «En ellos se renueva la plantilla con más facilidad y hay una serie de profesores de apoyo que pueden contratarse con el curso ya iniciado», señalan los sindicatos. Pero, no solo ocurre en ellos, sino que gran parte de los docentes que se van al paro trabajan para la administración pública. La mayoría de estos profesores se contratan para cubrir bajas o jubilaciones. Si las plazas se publican como vacantes, el trabajador que la ocupa se contrata para todo el curso y, por tanto, también para el periodo no lectivo. Sin embargo, si no se trata de un tutor y el colegio puede permitirse estar un par de semanas sin ese profesor, la misma plaza puede publicarse como sustitución y, aunque quien la cubra se encuentre en ella desde septiembre hasta junio, podría ser despedido en agosto, aunque haya previsión de que va a ser necesario a comienzos del siguiente curso, explican desde CSIF. La normativa establece, según explica ANPE, que cobran julio y agosto los docentes interinos a los que se les ha adjudicado una vacante para todo el curso. «El resto de contratos terminan el 30 de junio y perciben la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas. Si los servicios duran más de cinco meses y medio se reconoce el verano como tiempo de servicio a efectos de puntuación de concursos o méritos», informa UGT.
Lo cierto es que a lo largo de los últimos años se han dictado sentencias en contra de que se despida a los interinos en julio y agosto para ahorrarse salarios y cotizaciones. El Tribunal Supremo se pronunció en ese sentido en junio de 2018, pero los datos de afiliación de la Seguridad Social demuestran que, al igual que ocurría hace más de una década, en la provincia de Salamanca cada verano más de un millar de docentes se van al paro y la mayoría de ellos vuelven a estar dados de alta en los meses de octubre y noviembre. Así, entre junio y septiembre del pasado año, uno de cada siete trabajadores de la enseñanza se fueron al paro en verano. Los datos apuntan a que este año la proporción será muy similar.
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