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Hace casi un año que el Gobierno de Pedro Sánchez empezó a activar un plan de vivienda que prometía más de 184.000 pisos de alquiler asequible en toda España. La salida al mercado de los inmuebles en poder de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o «banco malo», y la construcción de pisos en terrenos sin uso del Ministerio de Defensa eran dos de los pilares de la iniciativa que el Ejecutivo completó con una nueva Ley de Vivienda aprobada el pasado mayo. Los efectos de estas medidas en la provincia no parecen, de momento, haber tenido efectos positivos en Salamanca. Según los datos tanto los portales inmobiliarios y las compañías de tasación como los profesionales del sector que desarrollan su labor en la provincia, la oferta de alquiler se ha contraído y es más cara.
En el último año el esfuerzo familiar para acceder a una vivienda de alquiler en Salamanca se ha incrementado un 2%. El aumento es del 3% si se trata de comprar. Lejos de aumentar la oferta de casas en venta habría caído un 14% en el último trimestre de 2023 , y en doce meses el precio de la vivienda usada se encareció un 2,6% en la capital. A estas estadísticas de Idealista, la compañía Sociedad de Tasación suma que Salamanca es la capital de Castilla y León en la que más subió el precio de la vivienda nueva, un 4,1%, siendo el municipio con el valor medio del metro cuadrado (2.047 euros) más caro de la Comunidad, solo por detrás de Burgos. Por su parte, Fotocasa estima en el 5,1% el incremento anual del alquiler en la provincia.
«Está claro que, a efectos de alquiler, con la ley que entró en vigor, todo son problemas. El propietario tiene miedo de no cobrar, y hoy se está ofreciendo mucho inmueble como vivienda vacacional y con contratos de temporada», explica el presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Salamanca, Valentín Rodríguez, aludiendo a la desprotección en la que se deja al propietario con la nueva norma. «El alquiler está por las nubes. Es una locura. Basta que tomen medidas para estabilizarlo para que sigan desproporcionados. Y no hay ningún indicativo de que esta tendencia se vaya a revertir», añade Ángel Martín, con una dilatada experiencia en el sector inmobiliario de Salamanca. «Hay mucha inseguridad a la hora de poner las viviendas en el mercado, y cada vez los propietarios solicitan más garantías, nóminas, avales... Y por eso los precios están disparados», añade. «Con la ley se han retirado pisos de alquiler, salvo para estudiantes y de temporada. Muchos propietarios, que no son grandes propietarios, optan por esperar y dejar vacío el piso que tienen o lo alquilan por un corto periodo de tiempo a un precio superior», insiste Rodríguez.
En lo que los agentes inmobiliarios están de acuerdo y las estadísticas lo refrendan es que el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) del Gobierno «no ha tenido influencia en absoluto». La salida al mercado de las viviendas de la Sareb ha pasado «inadvertida», apunta el presidente del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios. «Las condiciones en las que están esos pisos y sus precios no influyen nada en el mercado. Se trata de una oferta muy residual que en la mayoría de los casos se encuentran en zonas de la ciudad bastante complicadas», incide Valentín Rodríguez.
Aunque en su web figura que en Salamanca tiene 342 viviendas —hace un año figuraban 353—, lo cierto es que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) solo comercializa en la actualidad 120 pisos y casas en la provincia. Si bien hay unos 70 que, a falta de algunos trámites o de una necesaria reforma, podrán sacarse al mercado en breve, según fuentes del conocido como «banco malo», el resto de inmuebles de los que dispone en este territorio no están en condiciones de ser vendidos o alquilados, ya sea porque ya están ocupados, por su malas condiciones o porque el traspaso a la Sareb no se ha cerrado completamente. Si bien hoy dispone de cuarenta inmuebles menos que en febrero del año pasado, la sociedad asegura no disponer actualmente del dato concreto de cuántas viviendas de la provincia ha logrado vender en estos meses, pero fuentes de esta sociedad apuntan que «seguramente» serían más de cuarenta. La Junta de Castilla y León ha adquirido varias de estas viviendas a lo largo de los últimos meses y otros seis inmuebles están en alquiler gracias a convenios de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad
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