No es que se cometan más agresiones sexuales, sino que ahora se denuncia más. Es el argumento con el que el Ministerio del Interior, a cuyo frente se encuentra Fernando Grande-Marlaska, trata de justificar el aumento de los delitos contra la libertad sexual en esta provincia. Esgrime que, gracias a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha conseguido que se denuncien hechos que antes no llegaban a los tribunales.
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A lo largo de 2023, Policía Nacional y Guardia Civil intervinieron en Salamanca en 105 delitos contra la libertad sexual, según la estadística de Interior. Fueron casi el doble que los 55 de 2022, concretamente un 90,9 % más. En el primer semestre de este año, ha habido otro incremento del 14,6 % respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Y la memoria de la Fiscalía Provincial de Salamanca acaba de dar la voz de alarma sobre el incremento de las agresiones sexuales a menores, que han pasado de 3 a 18 en tan solo un año. Ante datos como estos, diputados del Grupo Parlamentario Popular —entre ellos los salmantinos María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín— preguntaron en el Congreso de los Diputados qué medidas y medios va a poner en marcha el Ministerio en esta provincia tras el aumento continuo de los delitos de carácter sexual». La contestación del departamento de Marlaska se conoció ayer y en ella se esgrime que «el incremento producido en los delitos contra la libertad sexual debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos». Interior insiste en que ese cambio se ha traducido «en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que reduce los niveles de infradenuncia existentes en relación con estos tipos penales». Frente a ello, la memoria de la Fiscalía de Salamanca, que recoge que el número de diligencias previas abiertas por delitos contra la libertad sexual durante el año 2023 fue de 217 y en el 2022, de 168, apunta que estas cifras arrojan «un preocupante incremento de 29,2 %».
Entre las medidas planteadas para hacer frente a este aumento de delitos, plantea la puesta en marcha del Plan Estratégico de Lucha y Prevención contra las Violencias Sexuales, que incluye la oficina nacional contra los delitos sexuales.
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