Más maestros y menos sanitarios y guardias civiles: así ha cambiado la plantilla de empleados públicos en Salamanca

Una quinta parte de los empleados públicos que desarrollan su labor en la provincia de Salamanca trabajan para las instituciones sanitarias de la Junta de Castilla y León. Es el caso de 5.653 trabajadores. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, son 79 menos que un año antes, un 1,38 %. No es el único ámbito en el que se ha reducido personal. Las Fuerzas Armadas han perdido efectivos, concretamente una veintena. El pasado julio eran 1.511 los militares y civiles que trabajan para Defensa en esta provincia, un 1,3 % menos que doce meses antes. Y también la Guardia Civil ha visto mermado su personal. Conforme al análisis del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, en julio de 2024 Salamanca contaba con 766 agentes y personal del Instituto Armado, mientras que un año antes eran 784. También la Agencia Tributaria prescindió de ocho puestos.

Por el contrario, Salamanca sumó docentes. Los profesores, cuya nómina paga directa o indirectamente la Junta de Castilla y León, superan incluso al personal sanitario. En julio de 2024 eran 7.055 en la provincia. De ellos, 4.602 están destinados a la formación no universitaria y trabajan principalmente en colegios e institutos. En un año, a través de los diferentes procesos de selección, pero también con contratos de interinidad para cubrir bajas y vacantes, la administración sumó 160 docentes no universitarios más, lo que supone un incremento de esta plantilla del 3,6 %. A ellos, se suman los 2.403 profesores al servicio de la Universidad de Salamanca, exactamente lo mismo que doce meses antes. Tampoco habría aumentado el personal de la institución académica que no se dedica a la docencia, que serían 1.808 trabajadores.

Por otra parte, la Junta incremento en sesenta el número de trabajadores, excluyendo docentes y sanitarios, de la administración autonómica en la provincia, que ya ascienden a 1.990. Y el Estado reforzó el personal de Instituciones Penitenciarias con 37 empleados públicos más, así como con otros cinco los órganos de justicia hasta llegar a los 348.

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