Los salmantinos pagan por la ITV uno de los precios más caros de España

Las tarifas de la ITV de Castilla y León son unas de las más caras de España, sobre todo para los vehículos de gasolina. Desde que se actualizaran el pasado 1 de enero los precios, en las estaciones salmantinas y en las del resto de la Región se abonan por un vehículo con catalizador 44,06 euros, siendo la sexta factura más cara del país. Pasar la ITV de un gasolina es casi el doble de caro que en Mallorca, donde se cobran 28,74 euros, y son casi 20 euros más que en Canarias, situándose la media nacional en 39,4 euros.

Según las tarifas publicadas por la empresa que gestiona este servicio en la Región, son solo unos céntimos más baratas que en Aragón, siendo la Comunidad Valenciana la que se sitúa a la cabeza en el cobro al suponer un desembolso de 52,73 euros en el caso de los coches de gasolina.

Mientras, el coste para los coches diésel está por encima del de los gasolina. La factura en este caso asciende a 46,11 euros, tres por debajo del promedio del país. En este caso vuelve a ser la Valenciana la comunidad con los precios más altos, seguida de Aragón. Curiosamente Extremadura tiene la tasa más baja. Si un salmantino pasa la ITV en alguna de sus estaciones pagaría casi 12 euros menos allí. Es necesario aclarar que las tarifas evaluadas en el caso de Cataluña son de Barcelona, mientras que no se tiene en cuenta a Madrid y Murcia porque los precios son libres y nos los controlan las comunidades.

Cabe recordar que Castilla y León subió en 2020 los precios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) un 3,5%. Fue la primera revisión desde 2014, cuando la Administración regional bajó las tarifas dejando de ser de las más altas de España. La decisión fue recurrida y el Tribunal Supremo falló que, si bien la rebaja fue legal, el método de actualización de los precios debió ajustarse al IPC, en vez de en un informe económico que debían presentar las concesionarias del servicio para avalar los cambios. Así, se obligó a la Junta a actualizar los precios acorde al IPC de los años 2016 a 2019, lo que supuso entonces una subida del 3,5%.

Recientemente la Junta ha mostrado su intención de desligar la actualización de los precios al IPC como indicador único al entender que no se adecúa al coste real del servicio que se presta, que puede ser superior al de otras autonomías y aumentar el beneficio por encima de lo pactado en los contratos. Así se propuso en la consulta pública previa a la elaboración del borrador del proyecto de orden, en el que se explican los problemas que se pueden solventar con la medida y la oportunidad de su aprobación.

La Administración reconoce que si bien el IPC, conforme a su definición, mide la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España, ha perdido su idoneidad como “única variable” para actualizar las tarifas de las inspecciones, ya que la principal característica del gasto de este servicio es el de personal, dado que el número de los controles aumentan cada año y las instalaciones y medios técnicos “se encuentran amortizados”.

No obstante, la consulta pública para la elaboración del borrador advierte de que, si la modificación del proceso de actualización de los precios afecta al equilibrio económico-financiero establecido en los contratos con la concesionaria, “se deberá compensar a las entidades”.

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