Los problemas informáticos regresan a los juzgados para desesperación de los funcionarios

Los funcionarios de justicia de Salamanca han vuelto a sufrir el desbarajuste tecnológico que caracteriza al este servicio desde hace años. Los problemas de conexión al programa informático que han de utilizar para trabajar con el expediente digital han regresado con mayor intensidad desde hace dos semanas. A diferencia de otras ocasiones, en las que los fallos eran generalizados y afectaban a todos los trabajadores, esta vez las dificultades se han registrado en determinados puestos y de manera intermitente.

Los problemas consisten generalmente en la imposibilidad de conectarse al sistema Minerva, una desconexión que en algunos casos ha durado varias horas para desesperación de los funcionarios, que durante ese tiempo poco pueden hacer, ya que desde hace años todas las tramitaciones han de realizarse de manera electrónica. Al menos los técnicos del Ministerio de Justicia confirmaron ayer que creen haber dado con el fallo, por lo que es de esperar que en los próximos días la situación mejore.

Los hechos, no obstante, demuestran que la experiencia de los juzgados salmantinos con las nuevas tecnologías resulta insatisfactoria, por la escasa inversión del Ministerio y la falta de interoperabilidad de los sistemas informáticos elegidos —jueces y funcionarios utilizan un programa diferente al de los fiscales y también al de comunidades con las competencias transferidas—.

Otra prueba más de las dificultades es que esta semana se ha tenido que cambiar el programa utilizado para la grabación de los juicios debido a la mala calidad del sonido. En algunos casos era prácticamente inaudible, lo que dificultaba la labor de jueces y magistrados a la hora de visionar de nuevo las vistas antes de dictar sentencia. Además, con la pandemia y el uso de las mascarillas, el problema se había agudizado.

El lunes fue el primer día con el nuevo sistema y por ahora no se han registrado deficiencias graves, un alivio. En caso de que hubiera ido mal, se hubieran tenido que suspender juicios o hubiera obligado a que un letrado de la administración de justicia diera fe de las declaraciones, lo que ralentizaría el proceso.

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