Los problemas de las personas con discapacidad para encontrar empleo tras el alza del salario mínimo

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) que ofrecen oportunidades laborales a las personas con discapacidades física, sensorial e intelectual demandan un plan de choque ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.000 euros en 14 pagas y tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral. Si bien valoran la dignificación de salarios y la estabilidad en el empleo, recuerdan que estos avances deben ir acompañados de un paquete de medidas, ya que la situación financiera de estos centros “es delicada”. Así lo demanda la red de organizaciones Plena Inclusión y también fundaciones como Asprodes, que cuenta con los centros de empleo con la plantilla más numerosa de la provincia salmantina.

“Estamos muy satisfechos con la subida del Salario Mínimo porque las personas con discapacidad merecen mayor poder adquisitivo y mayor autonomía, pero por otra parte nos genera dificultades en la parte empresarial porque no hay una contrapartida en la facturación y tampoco en las subvenciones. Somos una entidad sin ánimo de lucro y los ingresos se revierten en la contratación. No tenemos ni reservas ni beneficios para asumir el impacto de la subida del Salario Mínimo”, admite Juan Recio, gerente de Asprodes, que recuerda que en pandemia han sobrevivido gracias a los Ertes.

En Salamanca, en la última década, los Centros Especiales de Empleo han crecido exponencialmente y han duplicado la plantilla con discapacidad, que casi alcanza el medio millar de personas. Según los datos de la Consejería de Empleo, en la provincia funcionan 33 Centros Especiales de Empleo (14 más que hace diez años) que dan trabajo a 540 trabajadores, 490 con discapacidad. La mayor parte de estos centros están dedicados a la jardinería, artes gráficos, limpieza, mantenimiento, lavandería, encuadernación y recogida de bienes usados.

La Consejería de Empleo de la Junta anunció la pasada semana la convocatoria de subvenciones para los Centros Especiales de Empleo con un presupuesto de 12,4 millones de euros “que podrá ampliarse si las circunstancias lo requieren”. Las ayudas financiarán el 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente del puesto de trabajo desempeñado por personas con discapacidad desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, incluyendo las dos pagas extraordinarias. Las subvenciones correspondientes a diciembre se incrementarán hasta el 55% del Salario Mínimo, para los trabajadores con discapacidad psíquica y con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.

“La ayuda de la Junta, que ha ido a más, es de agradecer pero no viene a resolver el problema. Tenemos que hacer nuevas cábalas y nuevos estudios de mercado. Es muy complicado repercutir la subida del Salario Mínimo en las ventas y el precio de mercado. Por eso estamos valorando jubilaciones y reestructuración interna de la propia plantilla”, reconoce Juan Recio, que explica que el envejecimiento y deterioro físico prematuro de las personas con discapacidad, sumado a la medicación, impacta en una merma de la producción en el puesto de trabajo.

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