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Lunes, 9 de septiembre 2019, 13:36
Pese a que hace unos años, las expulsiones de extranjeros desde Salamanca habían caído a mínimos a causa de la drástica disminución de la población reclusa del centro penitenciario de Topas, la tendencia ha comenzado a cambiar debido a un incremento de los casos de inmigrantes “sin papeles”. En lo que va de año (hasta el 25 de agosto), la Subdelegación del Gobierno ha dictado 60 resoluciones de expulsión de extranjeros, una cifra similar al pasado año por estas fechas (71) y cercana a las 72 de todo el 2017. Cabe recordar que en 2018 fueron en total 115 expulsiones. Llama la atención que el 86% de las expulsiones de este año se debió a que se encontraban irregularmente en España. La mitad de los dictámenes fue a ciudadanos iberoamericanos (13 colombianos, 7 hondureños, 6 brasileños, 3 nicaragüenses, 2 cubanos, 2 dominicanos...), así como a 8 marroquíes, 4 chinos y 2 rumanos.
En cuanto a las resoluciones de expulsión y devolución ejecutadas por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Salamanca, el pasado 2018 ascendieron a 79 y en los primeros ocho meses de 2019 a 49. En total, un 22% se debió a resoluciones judiciales por sustitución de pena, un 38% por libertad condicional y el 38% restante por no tener papeles. La cifra de expulsiones ejecutadas por la Policía suele diferir de los expedientes dictados por Subdelegación ya que en ocasiones hay extranjeros que están en prisión y tienen una orden de expulsión pendiente por motivos administrativos, pero no se puede llevar a la práctica hasta que los afectados no salgan de la cárcel. En otros casos, los extranjeros sobre los que pesa un expediente de expulsión tienen causas pendientes y no pueden salir de España hasta que no se resuelvan todos los procedimientos que se encuentran en trámite.
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