Los contribuyentes no se aclaran con la nueva plusvalía

Una de las novedades de los últimos días es el nuevo método de cálculo de la Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como plusvalía. Sin embargo, y a la espera de que transcurran algunos meses más, casi nadie se atreve a vaticinar de si va a ser más beneficioso para los contribuyentes o no en términos generales.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional anuló la anterior redacción del tributo, lo que obligó al Gobierno de Sánchez a elaborar un Decreto de Ley de urgencia para ajustarse a lo dictado por el Alto Tribunal y que está vigente desde noviembre. Con esta premisa, el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido aplicar los máximos coeficientes permitidos al valor del inmueble con independencia de cuál sea el periodo durante el cual se habría incrementado, es decir, desde que fue adquirido hasta que se transmitió. Los tipos van del 0,14 cuando sea menos de un año hasta el 0,45 cuando se trate de 20 o más.

Esto podría llevar a pensar que sería más gravoso para los contribuyentes. Sin embargo, la nueva regulación nacional permite optar entre dos fórmulas de cálculo del impuesto, por lo que el ciudadano elegirá la menos gravosa para él. De hecho, los técnicos municipales no se atreven todavía a calcular el impacto que tendrá en 2022 para las arcas municipales por este motivo, además de que es posible un gran número de reclamaciones y recursos.

Otros tributos sobre los que no se sabe aún su impacto son los de Transmisiones y Donaciones. En este caso por la nueva valoración de inmuebles que ha puesto en marcha el Catastro. A la hora de calcularlos, hasta el 31 de diciembre la base imponible de los impuestos era el valor de mercado, difícil de precisar, sobre todo en tema de donaciones y también en ventas de inmuebles en los que el comprador cerraba la operación a un precio más bajo del valor de mercado. Un concepto demasiado abstracto y que ha dado lugar a múltiples discrepancias, algunas de las cuales han llegado incluso al Tribunal Supremo.

Para solucionar estos problemas, en teoría, el Gobierno ha puesto en marcha los valores de referencia, que han sustituido el 1 de enero al valor real o de mercado. Un paso que para los expertos implicará un incremento de los tributos, pero que no reducirá la litigiosidad.

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