Los abogados de oficio de Salamanca al límite por los impagos de Justicia: 200.000 euros en deuda

Los abogados todavía no han cobrado del Ministerio por los servicios prestados en diciembre, ni en enero, ni en febrero, y marzo acaba este viernes, con lo que serían cuatro meses de deudas. Según explica el presidente del Colegio de Abogados de Salamanca, Javier Román, la legislación vigente marca como límite el 31 de marzo para efectuar el pago del primer trimestre del año a los letrados y, por lo tanto aún estaría en plazo. Sin embargo, los afectados consideran que ni siquiera se cumplirá. Y su indignación aumenta cuando se comparan con otras comunidades autónomas en las que, a diferencia de Castilla y León, los gobiernos regionales han asumido las competencias de justicia y no solo pagan el doble o el triple al turno de oficio sino que además lo abonan en el mes inmediatamente posterior.

El pasado 23 de febrero el Ministerio firmó la orden para transferir al Consejo General de la Abogacía Española 46,4 millones de euros para que, a su vez, los distribuyan entre los colegios provinciales y se salden las deudas pendientes desde noviembre. Sin embargo, los profesionales que ejercen el turno de oficio aún no han percibido ni un euro de este dinero. Además, con la introducción por parte del Ministerio de cambios en el sistema de facturación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, en los meses de septiembre, octubre y noviembre los abogados no cobraron todo lo que se les debería haber pagado. Así, a la deuda de 130.000 euros de diciembre y enero y a otros 83.000 de febrero —sin tener en cuenta lo facturado en marzo—, se sumarían los atrasos de los meses anteriores.

Aunque solo del turno de oficio “en Castilla y León no se puede vivir”, quienes lo ejercen, como el resto de letrados, también han visto retrasados los pagos del resto de los clientes. Si bien la huelga de secretarios de justicia, que ayer llega a su fin, ha tenido en Salamanca un menor impacto que en otras provincias, sí se han retrasado las ejecutorias de las sentencias, lo que implica, por ejemplo, demoras en el cobro de las costas, de las que, en muchos casos, sale el dinero con el que se paga a los letrados. “Aquellos que estén muy ajustados de clientes y dependan más del turno de oficio lo tienen que estar pasando muy mal”, explica el letrado Gustavo del Río.

Pero además los impagos y retrasos que acumula el Ministerio están repercutiendo en la calidad del servicio de justicia gratuita que se presta. “Con lo mal y tarde que se paga, no merece la pena. Realmente es una labor vocacional, pero cuando no existe regularidad en los pagos todo se resiente. Lo más grave es que se está perjudicando en un derecho constitucional a quienes menos recursos tienen. Cuando cuentas con clientes particulares y con otros de oficio, si por estos últimos no te pagan, al final acabarás dando preferencia a los primeros”, explica Eduardo Luis, otro de los afectados por las deudas pendientes de Justicia.