Llega la Ley del Sistema Universitario, cuestionada por todos los sectores universitarios

Hoy entra en vigor la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, una norma polémica que, después de varios giros de timón, no ha conseguido convencer a ningún colectivo universitario.

“El mayor problema es la financiación”, asegura David Díez, el vicerrector de la Universidad de Salamanca de Profesorado, área en la que la LOSU lleva a cabo los mayores cambios, mientras que Ángel Bajo, presidente del comité de empresa del personal docente e investigador, reconoce su preocupación porque con la nueva norma la acreditación recae en las agencias autonómicas, de manera que, alerta, “puede generar una gran desigualdad”.

Dentro del personal de administración y servicios, Julio Pérez del Río, presidente del comité de empresa, subraya que, además del cambio de denominación a personal técnico, de gestión y de administración y servicios, “la novedad más importante es la inclusión de la carrera profesional en dicha ley, pero queda pendiente del desarrollo normativo que se lleve a cabo”. Tampoco convence la norma a los estudiantes, que dicen que no cumple sus expectativas.

La LOSU llega hoy al sistema universitario con muchas incertidumbres, aunque su implantación será progresiva, pues incluye varias moratorias: las universidades tienen dos años para adaptar sus estatutos, hasta diciembre de este año las plazas de PDI saldrán de acuerdo a la ley actual, y diciembre de 2024 es la fecha tope para la estabilización del profesorado, un aspecto espinoso, aunque el vicerrector de Profesorado de la Universidad de Salamanca confía en que finalmente todo el sistema universitario de la Región vaya de la mano y con el apoyo de la Junta.

Al respecto, fuentes de la Consejería de Educación aseguran: “La Junta de Castilla y León no dejará solas a las universidades en abordar cambios tan complejos obligados por una ley que el Gobierno ha aprobado sin escuchar a nadie”.

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