El nuevo índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda fija un alquiler máximo de 897 euros para un sexto piso de la avenida de Villamayor de 122 metros cuadrados y seis habitaciones que actualmente se oferta a estudiantes por 1.980. En el barrio de Comuneros hay viviendas por las que los propietarios piden 1.200 al mes cuando el nuevo sistema que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez y que la Junta de Castilla y León descarta aplicar fija el cobro de una renta máxima de 650 euros, casi la mitad. Una casa de tres habitaciones en la calle Prior no podría superar los 900 euros cuando en la actualidad se están pidiendo 1.600. Son solo algunos ejemplos del desfase que existe entre la realidad del mercado inmobiliario y el índice que propone el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez para acabar con las denominadas zonas tensionadas —en las que los alquileres no están ya al alcance de las familias—. No obstante, también se encuentran inmuebles de la capital del Tormes arrendados por importes que se enmarcan dentro de los márgenes que el Ministerio fija para ellos. Aunque la casuística es variada, el nuevo índice implica de manera generalizada rebajas que llegan casi a la mitad del precio real de mercado.
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El informe que Vivienda acaba de publicar establece que un 75% de los alquileres de los pisos de la capital (percentil 75) debería estar por debajo de los 575 euros al mes y al menos un 25% costar menos de 400 euros. No fija el importe de la renta media, sino la mediana, es decir, la justa mitad entre el alquiler más alto y más bajo. Y en la ciudad, esta sería de 475, lo que implicaría que ninguna vivienda de más de cien metros debería ofertarse por más de mil euros. Pero, sin que Salamanca esté considerada una zona tensionada, esos parámetros están muy lejos de la realidad. Así, de las más de mil viviendas de alquiler en la capital que se ofrecen en un conocido portal inmobiliario, menos de un 5% tendrían un alquiler inferior a los 575 euros, cuando, según el Ministerio, deberían ser más del 75%.
El precio medio de la vivienda de alquiler en la ciudad del Tormes se situaría en enero de 2024, según el portal Elidealista, en 8,6 euros por metro cuadrado. Frente a esto, Vivienda lo establece en 5,8, un 30% por debajo del precio de mercado. Si se toma como referencia Fotocasa, el metro cuadrado de vivienda de alquiler sale, ya no en la capital sino en la provincia, a 9,08 euros por metro cuadrado, lo que supone el doble que el índice medio que fija el Ministerio para todos los municipios salmantinos, 5,4 euros por metro cuadrado. Por su parte, la plataforma digital Enalquiler, también para enero de 2024, fija el alquiler medio de una vivienda en la ciudad de Salamanca en 807 euros a partir del estudio de 6.462 inmuebles. Superaría con creces el percentil 75 —cuantía bajo la que se deberían encontrar la renta mensual de tres de cada cuatro viviendas— de cualquiera de los barrios de la capital del Tormes, incluido el de la zona centro. En el casco histórico y su entorno más inmediato, el Gobierno de Pedro Sánchez fija que solo un cuarto de los inmuebles de entre 60 y 113 metros cuadrados deben ofertarse por menos de 778 euros al mes.
La realidad es que son muy pocos los inmuebles con esas condiciones que están anunciados en cualquiera de las plataformas inmobiliarias anteriores. Los índices más elevados en la ciudad los reserva Vivienda para las casas unifamiliares de la zona de La Glorieta y Ciudad Jardín, mientras que los precios más bajos los asigna a los pisos de los barrios trastormesinos.
El nuevo sistema de precios de referencia no establece indicadores para todos los municipios de la provincia, sino para algunos de los que tienen más población. Los precios más elevados de alquiler los asigna a las viviendas unifamiliares de Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada, Pelabravo y Villamayor. Por el contrario, entiende que, salvo excepciones, el alquiler de un piso de unos 80 metros cuadrados en Candelario no debería costar más de 301 euros al mes en caso de que se tratase de una zona tensionada. Pero lo cierto es que para que estos índices de referencia se apliquen para controlar el incremento de los precios, la comunidad autónoma tiene que adherirse al sistema, y la Junta de Castilla y León ya ha dejado claro que no lo va a hacer.
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