Las residencias salmantinas no descartan la tasa COVID ante su estado crítico

La nueva tasa COVID aplicada en una residencia de mayores de Macotera podría no quedarse en un caso aislado y extenderse a centros privados que aseguran estar asumiendo un aumento de costes importantes, que no pueden reducirse debido a la situación sanitaria actual para primar la seguridad de las personas mayores. Aunque la mayoría de los centros consultados por este periódico están centrados actualmente en la atención sanitaria y no han aplicado ningún sobrecoste en los usuarios, no pierden de vista una situación económica en la que no cuadran las cuentas y no descartan aplicar una subida en los próximos meses.

A la hora de enumerar los gastos, el primero es el de los EPI. Al elevado coste, ahora se le suma la falta de suministro de guantes, usados para todas las actividades cotidianas del personal de las residencias. “No es solo que valgan 3 y 4 veces más, sino que hay desabastecimiento y los proveedores facilitan datos contados”, explica el responsable de un centro residencial de la provincia. El segundo coste y más importante ha sido el incremento de personal. A pesar de que muchos centros residenciales han optado por el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social y negociación con los proveedores para posponer los pagos, el aumento de plantilla para garantizar el aislamiento ha sido de entre 30 y el 40% del personal habitual. “El aplazamiento solo nos da oxígeno, pero hay que pagarlo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de mayores han estado aislados en las habitaciones y ahora está siendo una desescalada muy estricta acompañando a cada residente para que cumpla la distancia de seguridad y se ponga la mascarilla”, detalla un directivo de una residencia salmantina.

A esta situación se ha sumado la pérdida de residentes, tanto por muerte natural como por consecuencia del COVID, y la ausencia de nuevos ingresos durante toda la pandemia. Un escenario que aún ven lejano. “Como mínimo tardaremos un año en que las cifras de residentes sean las mismas que antes de la pandemia”, explica un responsable que señala que el aumento de las tarifas no puede ser homogéneo para todas las residencias. “Nosotros nos estábamos planteando una subida solidaria de 10 euros por usuario, pero depende del coste de la plaza”, detalla el dueño de un centro residencial salmantino.

Aunque la mayoría de las residencias no lo han llevado a sus juntas directivas, en lo que coinciden es en la “ausencia de rentabilidad y liquidez” tras la pandemia sanitaria. “Es una situación crítica financiera por falta de liquidez y de rentabilidad. La liquidez se puede solventar con un préstamo, pero la rentabilidad no se soluciona. Reducir gastos no podemos porque la prioridad es mantener el nivel sanitario. Solo cabría aumentar ingresos”, detallan. Sobre las dudas de que estos aumentos repercutan en los propios pacientes, detallan que ya se está viendo en el aumento del personal.

En pleno debate sobre la idoneidad de activar o no una tasa COVID, las residencias de la Diputación de Salamanca y de la Junta de Castilla y León (una en la capital del Tormes) no se plantean ningún cambio sobre las tarifas actuales que se están aplicando. Fuentes de la administración autonómica recuerdan que los precios públicos ya están regulados y no se puede realizar una modificación a mitad de año por una circunstancia como la que ya ha empezado a aplicar una residencia de Macotera. Por su parte, desde La Salina tampoco se ha planteado ni la incorporación de una tasa para los usuarios, ni un aumento de precios en ninguna de sus tres instalaciones en Salamanca, Lumbrales y Ciudad Rodrigo. Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción advierte de que aplicar a los usuarios de las residencias de mayores un recargo por las medidas de seguridad que deben adoptar a raíz de la pandemia por la COVID-19 es “abusivo e ilegal”, según alerta en un comunicado. La asociación ha tenido conocimiento de que varios de estos centros están cargando a sus residentes una tasa, recargo o suplemento por la subida de gastos a la que tienen que hacer frente y recuerda que el Ministerio de Consumo ya emitió una nota en la que aclaraba que el recargo o suplemento, que se conoce como tasa COVID, es ilegal.

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