Las normas anti-vacunas de Sanidad que las residencias tachan de inviables

El sector de las residencias de ancianos se siente decepcionado con la tibieza del Gobierno, que prometió tomar cartas en el asunto frente a los profesionales que de estos centros que se nieguen a vacunarse, y ha terminado por redactar un texto estándar, lleno de generalidades y que se queda en la categoría de recomendaciones. Ninguna obligación.

En concreto, Sanidad ha planteado que los trabajadores de residencias que no se vacunen tengan que someterse a dos pruebas diagnósticas semanales, o la posibilidad de ser desplazados a otros puestos de trabajo en los que no haya contacto directo con los ancianos.

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta se apunta que “hasta que no llegue el texto y se analice no se harán pronunciamientos”, pero fuentes de la Junta apuntan a que, por lo que les llega de los profesionales del sector, lo consideran “inviable” y revela “desconocimiento de la realidad”.

“Nosotros tenemos vacunados al 95% de la plantilla, pero hay otros que no quieren porque les da miedo y les asiste el consagrado derecho divino a la libertad, aunque en nuestro caso no tienen atención directa a los residentes. El Gobierno no quiere hacer absolutamente nada con los indefensos ancianos. Habría que anteponer su seguridad y la salud pública a la libertad de libertad y tantas libertades, porque las consecuencias de esa libertad a no vacunarse puede ser la vida de otra persona”, expone muy enfadado Alberto Rodríguez, secretario de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad en Castilla y León.

Como portavoz del sector de residencias tiene claro que no hay nada que hacer. No se puede obligar a nadie a vacunarse ni tomar medidas legales por no hacerlo. “Lo suyo sería un Decreto Ley diciendo que la salud colectiva está por encima de la libertad de estas personas, pero solo han hecho unas recomendaciones que no sirven para nada. ¿Bajo qué ley va a cambiar una residencia de puesto a un trabajador que es específicamente un auxiliar o una enfermera?”, se preguntan.

Respecto a la obligación de someterse a dos pruebas semanales, el texto ministerial tampoco aclara quién debería pagarlas: el trabajador o la empresa. En Castilla y León existe la obligación de someterse a una prueba a los nuevos trabajadores, o a los que se reincorporan tras vacaciones, pero no semanalmente.

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