Las empresas salmantinas, angustiadas para devolver los 741 millones de los créditos ICO

Entre este mes de mayo y finales de verano vencen la mayoría de los créditos ICO solicitados por las empresas salmantinas dentro de las líneas COVID-19, después de que el año pasado el Gobierno diera la posibilidad de aplazar el pago 12 meses más. Pero lejos de haberse consolidado la recuperación como estaba previsto en estas fechas, la obligación de devolver el dinero llega en un momento “crítico”, dado que muchas de las empresas aún no han alcanzado los niveles de facturación previos a la covid y no están en disposición de afrontar el gasto.

Según la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) el 30% de las firmas que pidieron una ampliación del plazo de los préstamos, que en la provincia solicitaron 4.538 negocios, estaría en riesgo de viabilidad si tuviera que abonar la deuda y no se les concediera una nueva carencia, como ya ha ocurrido en el caso de los transportistas, ganaderos, agricultores y pescadores, que se han beneficiado de una ampliación del plazo de seis meses dentro del plan de recuperación por el efecto de la guerra de Ucrania.

Tanto desde CES como desde CEOE-Cepyme Salamanca advierten del cóctel perverso formado por la inflación, el incremento del coste de las materias primas, de la energía y de la producción, a lo que Diego García, presidente de CEOE Salamanca, añade la dificultad de la negociación colectiva “que está frenada y no tiene fácil solución con el IPC desorbitado”.

“Si el Gobierno y las administraciones no adoptan medidas algunas empresas no podrán continuar adelante y a ver a dónde nos arrastra esa situación”, advierte. Reclama que se “instrumenten herramientas” para que cada empresa negocie con los bancos la fórmula que más le interese de devolución de los créditos. “Algunos negocios preferirán una carencia y otros ampliar el plazo”. Sostiene, en todo caso, que se defienda la viabilidad de la empresa y a la empresa que sea viable.

En este sentido, las 4.538 firmas salmantinas que han recibido los avales del Instituto de Crédito Oficial desde 2020 tienen que devolver 741,6 millones de euros, según el último informe publicado por este organismo. Una cantidad notable, dado que es la tercera más importante de Castilla y León, por delante incluso de los 736,1 millones de euros de León. Solo la superan los 1.083,8 millones de euros de Valladolid y los 787,3 de Burgos.

El horizonte se complica aún más con la previsión de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, incremento que se espera a partir de este mes de julio, un escollo más para los negocios que necesitan financiación y que a partir de ahora tendrán que pagar más por ella.

La práctica totalidad de las empresas que han recurrido a los avales COVID-19 del ICO para solicitar préstamos son pymes y autónomos, un colectivo que en la provincia de Salamanca supone el 90% del tejido empresarial. Según los datos a nivel nacional del ICO, el 90% de las empresas con operaciones formalizadas están directamente gestionadas por pequeñas y medianas empresas, así como por trabajadores por cuenta propia. En concreto, la tipología de negocios con menos de 10 empleados ha solicitado el 74% de las mismas. Si este dato se extrapola a la provincia de Salamanca, acapararían 5.500 de las 7.600 operaciones llevadas a cabo por los 4.538 negocios que las han promovido.

Los préstamos por los que se han decantado los empresarios son en su mayor parte a largo plazo, es decir, a más de cuatro años, aunque a nivel nacional uno de cada tres ha optado por periodos aún más dilatados de entre 5 y 10 años. Por otro lado, según la información facilitada por el ICO, una de cada cinco empresas de Salamanca ha solicitado avales para cubrir la financiación destinada a gastos corrientes y de capital relacionado con nuevas inversiones o con el proceso de producción y servicio que presta, así como para la adaptación, la renovación de los equipos, las instalaciones y capacidades, además de para afrontar los gastos provocados por la reactivación del negocio tras la cuarentena. En concreto han sido 894 las empresas que han solicitado un aval de 106,5 millones para obtener 138,2 millones de financiación. En Castilla y León la cifra sube a 4.850 empresas que han obtenido 517 millones en créditos.

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