Las demandas por el cártel de coches ya suman un centenar en Salamanca

Un nuevo problema legal amenaza con saturar de demandas a la Justicia salmantina. Si uno de los juzgados de Primera Instancia de Salamanca, el 9, está a punto de poner fin a casi cinco años de sobrecarga de trabajo por culpa de los productos hipotecarios, el ahora amenazado es el número 4, el dedicado a Mercantil.

La razón es el conocido como cártel de coches, casi una treintena de fabricantes que fueron sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber intercambiado información con el fin de establecer una política comercial que les beneficiara. Por ahora ya se han presentado un centenar de demandas, aunque es probable que en los próximos meses lleguen muchas más, ya que el plazo que tienen los afectados para recuperar parte del dinero de compra acaba a lo largo del año.

El juez decano de Salamanca, Juan Rollán, confirma que las demandas se han presentado en el Juzgado de lo Mercantil, pero que todavía no ha dictado sentencia alguna. El motivo se encuentra en que el procedimiento está suspendido “por prejudicialidad europea”. El órgano aguarda a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva la cuestión para, en función de lo que diga, aplicarlo a las demandas que le han llegado hasta ahora y las próximas que va a recibir.

La previsión de juristas y organizaciones de consumidores de Salamanca apunta a que serán cientos de asuntos los que acaben ante el juzgado debido al gran número de afectados por el cártel de coches que tienen derecho a una indemnización. El procedimiento se aplica a las compras de vehículos entre febrero de 2006 y julio de 2013 de 28 marcas, casi todas las del mercado. En ese periodo se vendieron en Salamanca alrededor de 48.000 turismos y todoterrenos, de los que alrededor de un 91% serían de las marcas y sus modelos que integraron el cártel de los coches, por lo que tendrían derecho a reclamar una indemnización.

El centenar que por ahora se han presentado, por lo tanto, parece un número pequeño de las que pueden llegar. Bufetes de abogados y organizaciones de consumidores están preparando demandas colectivas, prueba evidente de que hay multitud de afectados que tienen intención de acudir al juzgado. En teoría, y a diferencia de las cláusulas hipotecarias, en este caso existe un plazo límite para poder reclamar judicialmente una indemnización y que varía en función de la marca. Para dos de las 28 sancionadas termina en abril, mientras que en el resto finaliza a lo largo del año. Hay algunas, eso sí, en las que todavía está por delimitar el plazo exacto para presentar la demanda.

La CNMC impuso en julio de 2015 la mayor multa de toda su historia, de 171 millones de euros, a los fabricantes y distribuidoras de automóviles de diferentes marcas y empresas consultoras. El cártel no acordaban precios, pero sí compartían la información sobre los elementos que ayudaban a fijarlo a los vehículos en el futuro.

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