Las ayudas de emergencia a inmigrantes irregulares en Salamanca, bloqueadas por Hacienda

Los requisitos que la Agencia Tributaria ha comenzado a exigir a las entidades locales ha bloqueado la concesión de las ayudas públicas de emergencia a inmigrantes irregulares y refugiados que esperan el permiso de asilo. El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento se ha visto obligada a paralizar desde principios de año las prestaciones económicas que los centros de acción social conceden a estas personas sin recursos para garantizar su subsistencia y cubrir sus necesidades más básicas.

Un requerimiento del Ministerio de Hacienda exige tanto al Consistorio como a la Diputación que por cada ayuda de emergencia que concedan cumplimenten el modelo de formulario 190 —para retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo de determinadas actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta—. La primera casilla que se debe cumplimentar es la del número de identificación fiscal, el NIE en caso de los extranjeros. Lógicamente los “sin papeles” que llegan a Salamanca carecen de ese documento y tendrían que solicitarlo en la Comisaría de Policía, lo que desembocaría en que, dada su situación irregular, se iniciasen los trámites para expulsarlos del país. Esta nueva realidad entra en contradicción directa con la normativa autonómica, provincial y municipal de las ayudas de emergencia, para cuya concesión no se exige ni el NIE ni el permiso de residencia o trabajo, ya que su objetivo es garantizar la subsistencia de “familias del municipio o personas que ocasionalmente se encuentren en la ciudad y que no puedan por sí mismas satisfacer sus necesidades básicas de alojamiento o manutención”. Así desde que comenzó el año, el Consistorio ha tenido que paralizar la concesión de esta prestación económica de emergencia en cinco casos, a la espera de que la Agencia Tributaria dé una solución a su tramitación.

Ante la misma paradoja se encuentra la Diputación de Salamanca. El volumen de ayudas que concede no es tan elevado como el del Consistorio. De hecho, el pasado año tan solo contabilizó ayudas de emergencia a tres inmigrantes irregulares, y este año de momento no ha tenido ningún caso. Fuentes de La Salina insisten en que otorgarán las ayudas aunque los beneficiarios no puedan aportar el número del NIE que les requiere Hacienda, pero hacerlo podría conllevar la apertura de un expediente sancionador a la administración provincial.

El problema ha surgido en un momento en el que el número de refugiados e inmigrantes irregulares que llegan a Salamanca se ha disparado por la complicada realidad que se vive en países como Venezuela o Colombia, pero también están llegando de El Salvador o Albania, entre otros países. Cáritas está recibiendo varios casos nuevos cada semana. Dado que para aquellos que no cuentan con papeles, las ayudas de emergencia están bloqueadas debido al requerimiento de la Agencia Tributaria, tanto la organización diocesana como otras ONGs están cubriendo con recursos propios la ayuda que hasta hace tan solo unos meses se concedía a estas personas sin recursos desde la administración municipal.

Consciente del problema, el Ayuntamiento iniciará conversaciones con la Agencia Tributaria para explicarle la situación y tratar de buscar una solución que permita dar curso a las cinco ayudas de emergencia que actualmente están paralizadas, así como alas que se soliciten a partir de ahora. El pasado verano, ya se produjo un problema similar en este caso porque la Intervención municipal solicitaba también el NIE de los beneficiarios de las ayudas, pero se solucionó en unas semanas.

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