La supresión de Sucesiones rebaja la brecha fiscal de Castilla y León con Madrid

Las bonificaciones promovidas por la Junta en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que entraron en vigor este pasado domingo han reducido la brecha fiscal que mantiene Castilla y León con la Comunidad de Madrid, una diferencia que ha contribuido a la pérdida de actividad empresarial en la Región. El principal impacto se da sobre todo en Donaciones, ya que en Sucesiones estaban exentos los primeros 400.000 euros de la herencia. La mejora, eso sí, coloca a Castilla y León entre las autonomías donde la presión en tributos es de las más bajas del país, aunque todavía esté alejada de Madrid.

Una de las desventajas que tenía Castilla y León respecto al sistema tributario de Madrid estaba en el Impuesto de Donaciones. Con la bonificación del 99% se coloca al mismo nivel que la comunidad madrileña, y también a la par que Andalucía y Murcia. Solo Cantabria mejora lo que ofrecen estas cuatro autonomías, ya que allí está bonificado al 100%. En el caso de Sucesiones, la diferencia no era tanta, ya que la exención de los primeros 400.000 euros beneficiaba a alrededor del 90% de los contribuyentes, según los datos de los notarios salmantinos. No obstante, la mejora de introducir la bonificación del 99% también resulta apreciable, ya que en este tributo sí había más comunidades en España que lo aplicaban, tal y como recoge un estudio realizado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Los cambios acercan a Castilla y León a Madrid en materia impositiva, pero no lo suficiente, ya que en otros tributos importantes como el IRPF, Patrimonio, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados sigue estando por encima. El hándicap que tenía la Comunidad para mantener o atraer empresas, al igual que trabajadores, se ha reducido, aunque no lo suficiente para competir en igualdad de condiciones con Madrid. No obstante, podría disminuir más, ya que el presidente de la Junta ha anunciado novedades tributarias en lo que queda de legislatura.

En el resto de impuestos, las diferencias de Castilla y León con otras autonomías se mantienen con pocos cambios. En el IRPF, por ejemplo, ha tenido lugar una subida generalizada para las rentas más altas, ya que el Gobierno aprobó un incremento de dos puntos en el tramo del tributo que le corresponde. Solo Navarra y País Vasco se libran al tener independencia fiscal. Pese a este inconveniente, la suma con el tramo autonómico, que lo fija la Junta, da como resultado una de las tarifas impositivas más bajas del país. El tipo que aplica varía del 19% en la franja de ingresos más baja —los primeros 12.450 euros— al 46% de la más alta —a partir de los 53.407 euros—. Solo cuatro comunidades tienen una tarifa inferior para el tramo más bajo, mientras que el gravamen sobre las rentas más altas únicamente resulta más económico en Madrid, aunque solo por medio punto.

En el Impuesto de Patrimonio, Castilla y León mantiene el mínimo exento de 700.000 euros que establece la normativa estatal, mientras que otras regiones lo tienen más reducido como Aragón, Cataluña, Extremadura o Comunidad Valenciana. En cuanto a la tarifa impositiva, la Comunidad continúa con el 0,2% en el tramo más bajo, pero la alta, la que se aplica a las fortunas de más de 10 millones de euros, ha subido del 2,5% al 3,5%, un aumento de un punto propiciado por el Gobierno, que defiende una “armonización” entre las comunidades autónomas. Pese a poder hacerlo, y a que otras comunidades lo tienen más reducido, la Junta ha decidido no retocar el tipo a la baja.

La igualdad que defiende el Gobierno en este impuesto está lejos de conseguirse. Hay autonomías que aplican una tarifa incluso más alta, como Extremadura, que la establece del 0,3% al 3,75%. El País Vasco y Navarra, por sus fueros económicos, establecen diferentes ventajas para sus contribuyentes, bien con un mínimo exento más alto en el primer caso, o con una tarifa reducida en el segundo. La única comunidad que ha renunciado a los ingresos por el Impuesto de Patrimonio es Madrid, que lo bonifica al 100%. Castilla y León de momento no lo ha planteado, aunque se trata de un impuesto con una recaudación modesta. En 2020 fueron 37,2 millones de euros, según la memoria fiscal de la Junta. En el caso de Salamanca, se presentaron 1.265 declaraciones que supusieron un ingreso para las arcas regionales de 5,7 millones.

En otros tributos donde las comunidades tienen poder de decisión, las diferencias no fluctúan tanto. El tipo que fija Castilla y León para el Impuesto de Transmisiones varía del 8% al 10%, en la media nacional. Aunque hay regiones que la elevan al 10-11%, como Cataluña, hay otras que tienen fijado una tarifa más ventajosa, como puede ser Madrid, La Rioja, País Vasco y Navarra, todas competidoras directas de Castilla y León a la hora de atraer empresas.

En cuanto a los actos jurídicos documentados, el tipo de 1,5% de Castilla y León es de los más altos. De nuevo regiones limítrofes ofrecen mejores condiciones, algunas incluso fijan un 0,5%, como ocurre en Navarra y País Vasco.

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