La Seguridad Social pierde más empleados en Salamanca, que siguen sin poder pedir traslados

La situación de la Seguridad Social en Salamanca no mejora. De hecho, en comparación con hace un año ha empeorado, ya que el organismo público cuenta con menos empleados que entonces. Un declive que no es puntual, si no que se arrastra desde hace años y que afecta a toda la entidad. La situación ha provocado que el Gobierno haya bloqueado por segundo año consecutivo la posibilidad de que funcionarios y personal laboral puedan pedir un traslado a otra administración o ente público debido a la falta de efectivos. La prohibición afecta en Salamanca a 220 personas.

La crisis sigue teniendo repercusión en las administraciones públicas, incluso después de años en los que se ha vivido una cierta recuperación del empleo público. Sin embargo, la mejora no ha sido igual para todos los organismos y bien lo pueden asegurar los trabajadores de la Seguridad Social. Las escasas incorporaciones de nuevos trabajadores no han sido suficientes para paliar las jubilaciones. Un hecho que se nota en provincias como Salamanca. El año pasado, de los 244 puestos de funcionarios y personal laboral existentes en la provincia, había 17 sin cubrir. Ahora, pese a aprobarse dos plazas más en la Relación de Puestos de Trabajo, 246, hay 26 vacantes, 9 más que hace 12 meses.

El resultado es que el Gobierno ha bloqueado de nuevo a los empleados de la Seguridad Social la posibilidad de participar en concursos de traslados para irse a otros órganos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, universidades u otras empresas o instituciones públicas. Solo se concederán los traslados que atiendan a “motivos humanitarios”.

La solución, salvo llegada imprevista de un gran número de empleados, no se vislumbra en el horizonte debido a la escasez de plantilla que arrastra la Seguridad Social, a lo que se suma el elevado envejecimiento de los trabajadores actuales. En Salamanca, por ejemplo, cerca de la mitad de los trabajadores tienen 55 o más años, por lo que muchos pasarán a la jubilación a corto o medio plazo. Un problema al que se suman las pocas plazas en las oposiciones y que los nuevos funcionarios prefieren otros destinos.

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