La reforma laboral acaba con un tercio de los contratos en Salamanca

La reforma laboral que está en vigor desde el 31 de diciembre y que ha de ser convalidada en el plazo de un mes por el Congreso, ha supuesto la eliminación del contrato de obra y servicio, uno de los más utilizados en Salamanca. Los datos así lo reflejan. De enero a noviembre de 2021, el último mes del que hay datos, se firmaron en la provincia más de 29.000 contratos de estas características, un tercio del total que se formaliza —casi 90.000 en esos 11 meses—. El objetivo del Gobierno era acabar con lo que consideraban un exceso de la temporalidad y el de obra y servicio permitía incorporar trabajadores a las empresas por un máximo de tres años, ampliable por uno más.

La norma establece ahora que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse dos tipos de temporales: por circunstancias de la producción o por sustitución de un trabajador. El contrato por circunstancias de la producción únicamente podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a 12 si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno. Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. Además de estas dos excepciones, también mantendrá el carácter temporal el contrato formativo, que no podrá exceder de un año —antes se permitían dos—.

A estos cambios se suma el del contrato de obra en la construcción, que ha pasado a ser indefinido, por lo que cuando finalicen las tareas de la obra para la que ha sido contratado un trabajador, la empresa tiene que recolocarle en otra obra o formarle. Sobre los cambios en el contrato de construcción, el presidente de la asociación Aescon, Manuel Prieto, considera que “su impacto a corto plazo va a ser escaso, ya que la mayoría de las personas están indefinidos y ahora incluso hay problemas para encontrar trabajadores”. Eso sí, en otras épocas, con menos trabajo, el nuevo contexto laboral podría generar despidos y un mayor coste para las empresas. Su homólogo en la asociación Aconsa, Javier Tamames, rechaza los cambios. “Se trataba de un contrato que funcionaba y ahora se lo cargan de raíz”, expone, además de añadir que la norma está pensada para las grandes constructoras “y no para las pymes, que tienen menos margen de maniobra”.

Los nuevos cambios se aplican a los contratos firmados a partir del 31 de diciembre, mientras que los anteriores mantendrán la vigencia de la anterior normativa.

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