La pandemia contiene a los okupas en Salamanca

Las denuncias por la entrada de okupas en inmuebles se mantuvieron contenidas en 2021. Por segundo año consecutivo los juzgados de Salamanca recibieron menos de medio centenar de asuntos por usurpación, cuando en los cuatro años anteriores a la pandemia se había superado esta barrera. Las restricciones al movimiento que la Junta aplicó en los primeros meses de 2021 supusieron un obstáculo para los okupas, lo que se ha reflejado en una menor incidencia.

Las 40 denuncias representan un leve incremento en comparación con 2020, en las que hubo 36 por usurpaciones de inmuebles, el delito que engloba las ocupaciones. La comparación con ejercicios anteriores muestran que la actividad de estas personas se ha reducido. Entre 2016 y 2019 se superaron las 50 denuncias, con un pico de 83 en 2017.

El principal factor que ha permitido contener este tipo de actos ha sido la pandemia. La Junta mantuvo en los primeros meses medidas muy duras para contener los contagios de covid, como el toque de queda para estar en la calle o la imposibilidad de viajar entre provincias o comunidades, un hecho importante porque los okupas suelen aprovechar las horas nocturnas para introducirse en inmuebles y no es extraño que incluso viajen a otras zonas para hacerlo, al no tener una residencia fija.

A la hora de valorar el número de denuncias, hay que tener en cuenta que solo llegan a los juzgados de instrucción los actos que tienen un autor conocido, por lo que no se contabilizan los casos en los que el dueño se ha percatado posteriormente de que un inmueble de su propiedad ha sido ocupado y lo ha denunciado. Además, una misma denuncia puede hacer referencia a la usurpación de varios inmuebles —un bloque de pisos por ejemplo—, por lo que el número de bienes afectados no se puede precisar.

Lo que sí se ha notado en 2021 ha sido la instrucción de la Fiscalía General del Estado para agilizar el desalojo de los okupas, destacan los abogados. Entre las medidas destaca que el atestado policial ha de recopilar todas las pruebas posibles para permitir al propietario recuperar la vivienda cuanto antes, da prioridad a la Fiscalía para solicitar el desahucio cautelar si hay indicios suficientes para considerar que se trata de una ocupación o impedir que el okupa intente obstaculizar el proceso judicial.

Los datos reflejan, además, que las medidas para paralizar desahucios por el impago del alquiler durante el estado de alarma no han supuesto un mayor número de denuncias en los juzgados, como temía el sector inmobiliario, aunque lo lógico es que en estos casos los afectados hayan utilizado la vía civil en lugar de un proceso penal como el de usurpación.

Fuentes judiciales recuerdan que Salamanca es una provincia relativamente “tranquila” en cuanto a la actuación de los okupas en comparación con otras zonas del país donde existe un gran número de segundas residencias que están durante muchos meses del año sin habitar, lo que facilita la actuación de estas personas. Además, por las características de los pueblos salmantinos resulta difícil para los okupas instalarse en un inmueble sin que los vecinos no se percaten y avisen rápidamente al dueño, de forma que este pueda iniciar los trámites para desalojarlos cuanto antes.

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