La okupación se extiende a más viviendas salmantinas

Frente a los más de 15.300 delitos contabilizados en España entre enero y noviembre del pasado año, los 24 registrados en Salamanca no representan ni un 0,2%. Sin embargo, esta provincia se encuentra a la cabeza del país en el aumento de okupaciones al haberse duplicado en los dos últimos años. Solo en Soria, La Rioja, Cuenca, Cáceres, Segovia y Castellón, el incremento ha sido superior, conforme a los datos facilitados por el Gobierno nacional.

Sin embargo, los datos del Ministerio del Interior representan una mínima parte del problema. Incluyen solo los allanamientos de morada —cuando en ella reside el propietario o un inquilino— y las usurpaciones de inmuebles —en viviendas u otro tipo de espacios que no estaban habitados—. Ya que, según explica el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Javier Román, en los últimos dos años se han incrementado las denuncias por impagos de alquiler. Propietarios de inmuebles que se “eternizan” intentando echar de ellos a inquilinos que no cumplen con los compromisos asumidos en el contrato de arrendamiento.

Pero, ¿por qué están aumentando tanto las okupaciones de inmuebles como el impago de los alquileres? El principal motivo, según el decano de los abogados y la diputada nacional del PP María Jesús Moro, es la prórroga de la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Dentro de las medidas urgentes que el Ejecutivo nacional puso en marcha tras declararse la pandemia de la covid, publicó el Real Decreto-ley 11/2020. En él se recogía que un arrendatario podía instar a que se suspendiese un desahucio o lanzamiento “por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilitase encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva”.

Concluido el confinamiento, la medida se ha continuado prorrogando. La última vez, en el Real Decreto-ley 20/2022, del pasado 27 de diciembre. En esta ocasión dentro de medidas “de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad”. Se mantendrá así en vigor hasta el 30 de junio de 2023, más de tres años después de adoptarse de forma excepcional y por un motivo distinto. Así, basta que el inquilino o el okupa alegue su precaria situación para que el juzgado tenga que solicitar un informe a los servicios sociales municipales sobre su situación, procedimiento que retrasa meses cualquier opción de que le expulsen.