La nueva Ley ya permite hacer abortos a médicos que no sean ginecólogos

La nueva Ley del Aborto entra este jueves en vigor con una batería de cambios que de manera inmediata pueden afectar a los hospitales de Castilla y León y otros que, sin embargo, no van a ser fáciles de instaurar.

En previsión de que la mayoría de ginecólogos se mantenga en su actual postura de no ofrecerse para practicar abortos en la sanidad pública, el Gobierno ha introducido en la nueva norma un comodín: que la realización de abortos no sea una competencia exclusiva de los ginecólogos, sino que otros especialistas puedan llevar a cabo estas intervenciones.

Sigue sin estar aclarado uno de los puntos más importantes y a la vez polémicos de esta reforma: la supuesta obligación que tendrán los hospitales para “organizar sus servicios” de modo que puedan garantizar la prestación del aborto.

El texto publicado este pasado miércoles en el BOE reconoce el derecho a la objeción de conciencia por parte de los sanitarios, pero quiere que se genere un registro de objetores, de modo que quien se niegue a practicar un aborto en la sanidad pública, tampoco pueda hacerlo en la sanidad privada.

En el Hospital de Salamanca no hay constancia de la existencia de tal registro. De hecho, la creación de este listado de objetores de conciencia tiene que pasar primero por el Consejo Interterritorial de Salud, para que se le dé forma y se comunique oficialmente a las comunidades.

Aún así, según apuntan fuentes sanitarias, la ley no obliga a los profesionales sanitarios a inscribirse en ese registro tan pronto como exista. Por lo tanto es un registro “declarativo y no constitutivo”. Es decir, el hecho de que un profesional sanitario no esté inscrito en un registro no significa que no pueda declararse objetor de conciencia en cualquier momento.

Este laberinto jurídico se va a traducir en que, posiblemente, los hospitales públicos de Castilla y León seguirán sin practicar interrupciones voluntarias del embarazo. “No es que todos los ginecólogos del servicio sean objetores de conciencia”, recalcan los ginecólogos salmantinos, que insisten: “Lo que hace falta es desarrollar una normativa muy clara al respecto, que no dependa de la voluntad del servicio”. Uno de los riesgos que existen si un ginecólogo se ofrece a realizar abortos es que asuma todas las peticiones de su área y no pueda practicar otro tipo de técnicas quirúrgicas más que le llenen más. Frente a este hipotético escenario, la nueva Ley estipula que “se adoptarán las medidas organizativas necesarias para garantizar la no discriminación de las personas profesionales sanitarias no objetoras, evitando que se vean relegadas en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Otra de las novedades que desde hoy mismo ya se puede aplicar es que las jóvenes de 16 y 17 años pueden abortar sin necesidad del permiso de sus padres o tutores.

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