La hostelería recurre al Supremo para exigir 5 millones en pérdidas por las restricciones

Más de una treintena de hosteleros salmantinos ha presentado un recurso al Tribunal Supremo para exigir cerca de 5 millones de euros en pérdidas patrimoniales provocadas por las restricciones que tuvieron que asumir durante los momentos de mayor contagio en la pandemia de la covid-19. La decisión se ha tomado justo un año después de presentar las demandas contra la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España por este mismo motivo, procesos tramitados por la vía administrativa y que se dan por desestimados “por silencio administrativo”, según José Lomo, uno de los abogados que lleva la causa coordinada por la Asociación de Hostelería.

Inicialmente decidieron presentar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial una veintena de hosteleros salmantinos y se pensó que después se sumaría buena parte del gremio. Aunque luego se adhirieron más afectados, la cifra no se disparó porque comenzaron a tramitarse las ayudas al colectivo.

“Hubo quien pensó que si denunciaba podría tener alguna repercusión en las subvenciones que había solicitado, aunque podemos constatar que los que han reclamado no han sufrido ninguna venganza”, aclara Lomo. En todo caso, esos apoyos recibidos por los recortes y cierres de actividad se tendrán en cuenta a la hora de calcular los daños y perjuicios provocados por las restricciones.

Cabe recordar que las reclamaciones contra la Junta de Castilla y León y el Consejo de Ministros se basaron en el artículo 106.2 de la Constitución Española por el que “los particulares (...) tendrán derecho a ser indemnizados por la lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en el caso de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. En este caso según Lomo no había fuerza mayor, “¿por qué tenía que pagar la factura la hostelería?”, se pregunta el abogado.

El artículo 2.2 de la Ley de Estado de Alarma también sostiene que, como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa (...) daños y perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”. Corroboran estas posiciones el artículo 32 del Régimen Jurídico del Sector Público, así como el artículo 120 de la Ley sobre Expropiación Forzosa.

“Se estima que el Supremo reciba 5.000 reclamaciones de toda España, volumen que retrasará las resoluciones para dentro de un año o año y medio”, calcula el abogado.

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