La “extorsión” de 480.000 euros de Hacienda a un hostelero salmantino

Sin comunicación previa y con la justificación de que no había vendido acorde a “las tablas” de la hostelería de Castilla y León. Así se presentaron dos inspectores de la Agencia Tributaria en un negocio de hostelería de Salamanca, al que 10 meses después le llegó una multa de 480.000 euros. “Acudieron por la mañana, cuando estaban las chicas de la limpieza”, explica el afectado. “Pude hablar por teléfono con uno de ellos y envié a mi administrador para que se presentara en el local”. Una vez allí, los empleados de la Agencia se llevaron el disco duro de su ordenador.

“Empezaron a pedir documentación y pasados 10 meses nos dicen que todo es correcto pero que por el volumen de compra de materia prima que hemos declarado estamos por debajo de los baremos de venta de Castilla y León”. Bajo esta tabla estimada de ingresos en función de la media de la competencia el empresario debía pagar 480.000 euros de sanción.

“Te ponen entre la espada y la pared. O aceptas la multa o vas a juicio. En ese caso tienes que presentar un aval por la cantidad que te reclaman y si pierdes asumes todo y el recargo”. En su caso serían 800.000 euros, lo que supondría presentar un concurso de acreedores y cerrar el negocio. “Un suicidio”, reconoce el hostelero. “Te coaccionan y chantajean. Al final acordamos pagar 200.000 euros y creo que no podré reclamar porque firmamos las actas de conformidad”, asume tras la sentencia del Supremo.

“Te ponen por delante una cantidad tan exagerada de multa que la palabra que mejor define el proceso es extorsión en toda regla. Ves que te juegas la empresa y pagas porque piensas que del mal, el menos”. El empresario relata que hace algo más de un año hubo varios afectados como él en la provincia de Salamanca, en concreto en establecimientos de hostelería, donde más se centraron este tipo de acciones que ahora el Tribunal Supremo considera que se hacen de forma irregular.

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