La ‘empanada’ del Gobierno: deniega a un pueblo de Ávila un millón de euros que adeuda a Salamanca

Entre las 984 enmiedas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que han sido vetadas, el Gobierno de Pedro Sánchez incluye en su listado una cuyo objeto, según un documento del Ministerio de la Presidencia, es una “subvención al Ayuntamiento de Aldehuela para financiación de obras de la pista de atletismo”.

Sin embargo, no se trata ni de una subvención “de nueva creación”, como da a entender, ni tampoco es para los consistorios del municipio de Ávila que tiene ese nombre. El Ejecutivo nacional parece haber rechazado la propuesta y su debate sin ni siquiera haberla leído puesto que, conforme a su número de referencia, esa enmienda se refiere a la petición del Grupo Parlamentario Popular para que se añada una partida en los PGE que permita saldar una deuda que las arcas estatales mantienen con el Ayuntamiento de Salamanca.

“El Gobierno cumplirá, en el plazo máximo de tres meses, el convenio firmado entre el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Salamanca para la remodelación de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, concediéndole una nueva subvención, por importe de 1.037.072 euros, para contribuir a la financiación de las obras de la pista cubierta de atletismo”. Ese es el texto de la enmienda del PP, con la que reclama la financiación que hace más de una década comprometió el Gobierno de España para la construcción de la pista cubierta de atletismo y que las arcas municipales no han recibido.

Es exactamente la misma petición que los parlamentarios populares de Salamanca realizaron para las cuentas de 2022 y que, aunque recibió el voto en contra del PSOE tras su debate, no fue entonces vetada por el Gobierno de Sánchez para impedir su tramitación, según explica el diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro.

No se refiere, por tanto, a una subvención al municipio abulense de La Aldehuela, sino a la financiación comprometida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 cuando Jaime Lissavetzky era secretario de Estado para el Deporte, y cuyo cumplimiento en 2015 el PSOE exigió también a la Junta de Castilla y León, institución que también comprometió fondos para las instalaciones inauguradas a principios de 2016.

En cualquier caso, con la justificación de que pagar ese millón de euros supone un “incremento de gasto” y que no se identifica “la forma de financiación”, el Gobierno ha ejercido su derecho constitucional al veto para impedir la tramitación de esta enmienda que reclama el cumplimiento de un convenio rubricado por el Consejo Superior de Deportes.

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