La construcción sigue atascada pese a la revisión de los precios de la obra pública

La construcción insiste en reclamar medidas para desatascar el sector de la obra pública. Los altos precios de los materiales, a los que se suma el elevado coste de la energía, provocan numerosos problemas a las administraciones para encontrar empresas dispuestas a realizar los proyectos, además de ralentizar los que ya han sido adjudicados.

El Gobierno aprobó el pasado marzo dos decretos leyes para permitir una revisión de los precios, pero la realidad es que su efecto ha sido mínimo en los más de cuatro meses que llevan en vigor. Las empresas señalan varios escollos, como la obligación de que las obras tengan que durar más de un año, la escasa predisposición de las administraciones locales para adherirse a la revisión excepcional y que los materiales incluidos para poder aplicarla son escasos.

Hay que recordar que la revisión excepcional de precios se aplica a las obras que están en ejecución, pero también a las que se encuentran en alguna fase del proceso de contratación y a aquellos contratos cuya licitación se produzca en un plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto ley. La modificación se aplicará cuando el encarecimiento de los materiales haya tenido un impacto “directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021”.

¿Y qué se considera impacto directo? Aquí está uno de los puntos más controvertidos. La norma entiende que se da cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre del contrato exceda del 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021.

Los constructores señalan que la lista de materiales aprobada por el Gobierno es demasiado corta, ya que el encarecimiento ha sido generalizado en el último año y medio en casi todas las materias primas que utilizan. “Fuera de la revisión se quedan los ladrillos, la madera, el hormigón o los cristales”, pone como ejemplo Manuel Prieto, presidente de la patronal Aescon.

No se trata del único problema. Su homólogo en Aconsa, Javier Tamames, señala que la mayoría de ayuntamientos no se han adherido a la iniciativa. El Gobierno y la Junta si lo han hecho, al igual que la Diputación de Salamanca, pero el resto de entidades locales de la provincia por ahora han mostrado poco interés en esa revisión de precios que permita desbloquear numerosas obras que no han podido comenzar pese a estar adjudicadas o cuyo ritmo se ha ralentizado.

El tercer obstáculo, y quizá el más importante, lo representa el tipo de obra en la que se puede aplicar la revisión. Las patronales denuncian que en la práctica solo se pueden acoger las que duran más de un año, por lo que se quedan fuera la mayoría de trabajos de obra pública que se realizan en Salamanca.

La norma especifica que la revisión excepcional no podrá ser superior al 20% del precio total de adjudicación del contrato. Un tope que las constructoras consideran escaso teniendo en cuenta el incremento de los materiales, que han encarecido más de un 30% muchos proyectos. Los ladrillos, por ejemplo, han llegado a triplicar su precio en el último año. El único dato positivo es que la tendencia alcista parece haberse estabilizado en las últimas semanas.

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