Todo niño u adolescente que acude a la Fiscalía de Menores para una de las obligadas entrevistas que debe realizarle el equipo técnico queda expuesto en el pasillo de los juzgados de Colón a que cualquiera que pase, incluido su propio agresor, le reconozca, identifique o interpele. No existe sala de espera en la que aguardar a ser llamado, pero tampoco un espacio en el que poder evaluarle ofreciendo la obligada privacidad. Psicólogos, educadores y trabajadores sociales llevan dos semanas apiñados en un mismo despacho, único espacio del que disponen para entrevistar sin ningún tipo de confidencialidad a los menores y sus familiares. De hecho, según ha podido saber este periódico, los técnicos adscritos al Instituto de Medicina Legal están recurriendo al favor de algunos juzgados para que les presten salas que no estén utilizando. Este es tan solo uno de los problemas que está generando la decisión del Ministerio de Justicia, a través de la Gerencia Territorial, de paralizar el traslado de la Fiscalía de Menores a las dependencias que inicialmente estaban previstas.
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Hace meses que este periódico viene denunciando el «tetris» al que está jugando el departamento que dirige Félix Bolaños con los órganos judiciales para intentar dar solución a la evidente falta de espacio. Dentro de este continuo proceso de mudanzas, los pasados 26 y 27 de febrero se trasladó la Fiscalía de Menores desde el Palacio de Justicia de la Gran Vía a las oficinas de Colón. Hace más de medio año que se acordó que ocuparía las instalaciones de los juzgados de Primera Instancia números 8 y 10. El primero de ellos se trasladó en noviembre a las estancias que ocupaba uno de los contenciosos-administrativos, antes de ser reubicados a finales de 2023 en la nueva sede del paseo de Torres Villarroel. El número 10 iba a mudarse a las instalaciones del otro contencioso, pero se le adelantó el nuevo juzgado de lo Social 3, creado a mediados de diciembre. Y hasta que este no se marche a la Gran Vía —al espacio que ha dejado libre la Fiscalía de Menores—, la sala de Primera Instancia continuará ocupando el espacio comprometido para el Ministerio Público. Se replican así en las dependencias de Colón algunos de los problemas que jueces, trabajadores y sindicatos denunciaron con la reubicación del Juzgado de Menores en la última planta del edificio de Torres Villarroel. No hay un lugar adecuado para las entrevistas a los menores, ni una sala de espera en el que se ofrezca una cierta privacidad a niños y adolescentes, que aguardan a ser atendidos a la vista de todo el que pasa. Y ni siquiera hay despachos para todos los fiscales. Dos de ellos están provisionalmente ubicados en las mesas de dos compañeros que se encuentran de baja, remedio que dejará de ser válido cuando se reincorporen al trabajo.
El compromiso era que en la primera semana de marzo, el Ministerio Público dispusiese ya de todas las oficinas y su sección de Menores pudiese retomar su actividad con normalidad en las dependencias de Colón. Sin embargo, el proceso se ha paralizado sin motivo aparente, según explican fuentes judiciales. La sala de lo Social número 3 no se ha trasladado todavía a la última planta del Palacio de Justicia de Gran Vía y el juzgado de Primera Instancia número 10 continúa ocupando los mismos despachos, sin que se haya dado ningún plazo para su traslado ni se haya explicado a los trabajadores a qué se debe la demora.
Además de carecer de salas de detenidos, de espera y para declaraciones, la Fiscalía de Menores se ha quedado sin cinco despachos para albergar a su plantilla. Así, la Gerencia Territorial de Justicia lo ha sacado de unas instalaciones en las que se encontraba de forma provisional desde hace más de una década —la antigua vivienda del Fiscal Jefe en el edificio de Gran Vía— y que necesitan una reforma para llevarlo a unas oficinas en las dependencias de la plaza de Colón en las que carece de los espacios mínimos para ofrecer el adecuado trato y las necesarias medidas de seguridad tanto a las víctimas como a los detenidos.
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