Justicia descarta ya iniciar la reforma de la Audiencia este año

Hace menos de dos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba en sede parlamentaria que se preveía que «la licitación de las obras se inicie dentro del primer semestre de 2024 y la adjudicación e inicio en el segundo trimestre». Era el calendario que antes de la celebración de las elecciones europeas, el pasado 9 de junio, fijaba para la reforma del Palacio de Justicia de Gran Vía, una actuación comprometida en 2006 pero aún sin contratar. Pero el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a cuyo frente se encuentra Félix Bolaños, ya tiene claro que la intervención sufrirá un nuevo retraso. Parece que será tan solo de unos meses, y descarta que los trabajos puedan comenzar antes de que acabe el año.

En respuesta a LA GACETA, fuentes del Ministerio matizan ya que la licitación de las obras para la rehabilitación de la Audiencia Provincial se prevé que se inicie en el mes de julio. No sería ya, por tanto, en el primer semestre. Para poner en marcha esta actuación resultaba indispensable concluir los trabajos de acondicionamiento y mejora de accesibilidad del edificio contiguo —Gran Vía 39-41—, que la anterior adjudicataria dejó a medio empezar durante los peores meses de la pandemia. Será a este inmueble al que se trasladarán el tribunal provincial y otras salas cuando se emprenda la rehabilitación del Palacio de Justicia. Las obras de adaptación de ese edificio anexo, que se contrató en junio de 2023 por 1.134.843 euros —IVA incluido— y que tenía un periodo de ejecución de cinco meses, «finalizaron el pasado mes de mayo», según informan fuentes del departamento de Bolaños.

Pese a que, por tanto, ya estaría disponible el inmueble que ocupará la Audiencia Provincial en lo que se reforman sus actuales instalaciones, para el traslado de las oficinas y las salas de vistas habrá que esperar como mínimo medio año, conforme a la planificación que maneja ahora el Ministerio. «El traslado de los efectivos no se efectuará hasta 2025, cuando el inicio de las obras del Palacio de Justicia sea inminente», ha asegurado a este periódico. Así, menos de dos meses después de asegurar por escrito en el Congreso de los Diputados que la necesaria y demandada intervención se emprendería en la segunda mitad de este año, el Ejecutivo central ya da por hecho que no va a cumplir ese compromiso, algo que, por otro lado, parecía poco factible ya cuando en mayo, antes de las elecciones europeas, se comprometió a hacerlo. Aunque se hubiese licitado el proyecto en junio, los plazos para la presentación de ofertas, estudio y valoración de las plicas, así como de adjudicación y formación del contrato habrían hecho ya difícil que la reforma se iniciase antes de fin de año. En el caso del edificio contiguo de Gran Vía, una obra de mucho menor importe, este proceso se dilató cinco meses y medio.

En cualquier caso, el Ministerio no oculta el evidente retraso de la reforma de la Audiencia Provincial. A finales de abril, en respuesta parlamentaria a los diputados del PP José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, reconoció que «la previsión en 2023 sobre las obras de rehabilitación del edificio sede de la Audiencia Provincial de Salamanca era la presentación y aprobación del proyecto de ejecución en el primer semestre y la licitación y adjudicación de las obras dentro de ese ejercicio presupuestario, de conformidad con la programación recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023». Ese calendario no se cumplió, según Justicia, porque «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato de servicios de redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras han hecho necesaria una modificación del contrato previa a la redacción del proyecto de ejecución». Lo cierto es que ese contrato adjudicado por 248.050 euros se firmó en junio de 2020 y la previsión era que en 2022 estuviese redactado el proyecto, pero hace dos meses el Ministerio apuntaba que se encontraba en la fase final de elaboración.

Un presupuesto desfasado

El Palacio de Justicia de Gran Vía suma 4.263,5 metros cuadrados de superficie construida repartidos en cinco plantas —cuatro de ellas sobre rasante y un sótano—. Conforme a ello, en los pliegos de condiciones del contrato de redacción del proyecto de rehabilitación de la sede de la Audiencia Provincial, en el número 33-37 de Gran Vía, se fijó un coste de ejecución máximo de 900 euros por metro cuadrado para la reforma de las zonas de trabajo y públicas, y un límite de 400 euros por metro cuadrado en las áreas de archivo e instalaciones. De acuerdo con estos criterios, el presupuesto máximo de ejecución material que establecieron los técnicos del Ministerio para esta reforma en 2017 fue de 3.476.400 euros. No obstante, ese cálculo quedaría hoy muy desfasado si se tiene en cuenta que durante los últimos años, especialmente tras la pandemia, las materias primas han experimentado un pronunciada escalada de precios. De hecho, son muchos los contratos de obra pública que en los últimos ejercicios han quedado desiertos al no haberse actualizado los precios a la realidad del mercado. Todo ello lleva a pensar que previsiblemente en el proyecto se licitará en julio, si el departamento de Félix Bolaños cumple su compromiso, se establecerá un presupuesto superior a que se fijó hace ya siete años.

El Ministerio lleva ya más de dos años de preparativos para la reforma de la Audiencia, un tiempo en el que ha invertido ya más de 1,6 millones de euros en obras de acondicionamiento de otros dos espacios que albergarán órganos judiciales hasta que el Palacio de Justicia esté rehabilitado. Se trata, por un lado, del inmueble contiguo, situado en el número 39-41 de la Gran Vía y, por otro, de cuatro plantas del edificio del antiguo MOPU en la avenida de Torres Villarroel al que se han trasladado varios juzgados.

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