Justicia 'adelgaza' su plantilla en Salamanca un 12% en un año

La administración estatal ha amortizado en la última década más de 900 puestos de trabajo que se encontraban en los servicios territoriales y órganos ubicados en Salamanca. Uno de los sectores que han notado ese «adelgazamiento» de la plantilla es el judicial. Conforme al último Boletín de Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Función Pública, los tribunales de la provincia contaban el pasado julio con 366 trabajadores. En 2013, cuando debido a la crisis económica ya se habían iniciado los planes de austeridad que conllevaban la reducción de persona, eran 456. En esto diez años se han acometido, por tanto, un recorte, de 90 puestos, un 20%. Así, en la última década se ha optado por prescindir de una quinta parte de los empleos.

Frente a otras áreas públicas, como educación y sanidad, en las que se ha incrementado la contratación, en el último año —de julio de 2022 a julio de 2023— los empleados públicos al servicio del Ministerio de Justicia que desempeñan su labor en Salamanca se han reducido un 12,4%. Hay 52 trabajadores menos en los juzgados. Todo ello a pesar de que tanto el juez decano, Juan Rollán, como el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega Bravo, han denunciado en sus últimas memorias anuales la alta carga de trabajo que soportan los juzgados y que está derivando en que la resolución de los procedimientos se retrasen más. Por ello, han reclamado sin mucho éxito al Ejecutivo central la creación de un tercer juzgado de lo penal y otra más de primera instancia.

El pasado octubre, jueces y abogados reclaman en las páginas de este periódico «refuerzos» para hacer frente a un 50% más de congestión en los órganos judiciales de la provincia. El parón por la huelga de funcionarios y el aumento de casos de los meses anteriores hicieron que en junio de 2023 los asuntos pendientes fuesen casi 15.900 frente a los menos de 11.000 que se contabilizaban un año antes. «Haría falta una prolongación de jornada para que los trabajadores puedan venir por la tarde a avanzar trabajo, pero pagándolo claro», apuntaba Rollán ante el «tapón» provocado por los paros laborales que se sucedieron durante el primer semestre del pasado año y que incrementaron la carga de trabajo que ya había aumentado por la reducción del personal en los años anteriores.