La Junta exige a Marlaska que aclare de una vez si va a renunciar al módulo de presos del Hospital

El director general de Calidad de Infraestructuras Sanitarias de la Junta, Álvaro Muñoz, compareció ante la Comisión de Sanidad de las Cortes para explicar la situación en la que se encuentra la Unidad de Custodia Hospitalaria. El salmantino hizo un exhaustivo repaso cronológico del intercambio de comunicaciones entre la Junta y el Ministerio de Interior. Precisó que la última comunicación se realizó el 26 de noviembre de 2023, cuando Alfonso Fernández Mañueco envió una carta al presidente del Gobierno -Pedro Sánchez- solicitando la apertura de la unidad. La respuesta desde Moncloa fue que el convenio estaría firmado en enero de 2024, pero es evidente que no ha sido así.

Desde Instituciones Penitenciarias se mantiene un tira y afloja sobre de quién es la responsabilidad -económica- de concluir las obras. Es decir, quién debe financiar los gastos de convertir un espacio hospitalario en un espacio de máxima seguridad para presos. «La responsabilidad de incorporar los elementos de seguridad a la obra pertenece al Ministerio de Interior. Y esto es así porque así lo establece el Real Decreto 190/1996 que en su artículo 207.3 dice: La administración penitenciaria abonará a la sanitaria los gastos originados por las inversiones precisas para adecuar las plantas de hospitalización o consultas de los centros hospitalarios extrapenitenciarios por motivos de seguridad», citó Muñoz Galindo, que apostilló: «Los elementos que están pendientes son exclusivamente elementos de dotación de seguridad como puertas, rastrillos, enrejados, videovigilancia».

El director general sí aportó una novedad y es que el último presupuesto que se le ha enviado al Ministerio de Interior con la cuantía de estas obras es sensiblemente inferior al que se había barajado meses atrás. «Estamos hablando de solo 266.824 euros», cifró Álvaro Muñoz, que es es una cifra bastante más baja a la que sí se ha abonado para poner en marcha la Unidad de Custodia Hospitalaria de Orense.

Durante esta comisión se apuntó que la Unidad de Custodia Hospitalaria de Salamanca ha desaparecido del informe general de Instituciones Penitenciarias de 2022, así como del informe de la Sociedad de Infraestructuras de Instituciones Penitenciarias. Una omisión que genera la duda de si el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha optado por prescindir de este módulo en Salamanca y prefiere seguir enviando a los reclusos al Hospital Clínico de Valladolid.

Según explicaban fuentes de la Guardia Civil a este diario, desde que el viejo Clínico de Salamanca dejó de estar en funcionamiento, ha sido necesario trasladar a 56 reclusos de la prisión de Topas a otras provincias. Lo que denuncian los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es que al no poder utilizar las llamadas Unidades de Acceso Restringido, deben mantener a los presos esperando en un furgón aparcado en la calle, o esposados a una camilla en la zona de Urgencias, lo que ya ha dado origen a dos intentos de fuga y una agresión esta misma semana.