Los jueces de nuevo al ataque: faltan juzgados, plantilla y material

La Justicia salmantina vuelve a la carga. Después de que la convocatoria de las elecciones generales del pasado julio sofocase la huelga que conducía al colapso a los tribunales, la ausencia de Gobierno hasta noviembre y la designación hace solo tres meses del nuevo ministro, Félix Bolaños, han mantenido fuera del foco el déficit de plantilla, material y órganos judiciales que existe para hacer frente al importante incremento del número de procedimientos. Pero la tregua ha acabado. Desde el Decanato de los Juzgados de Salamanca, su titular, el magistrado Juan Rollán, le ha puesto ya deberes al sustituto de la exministra Pilar Llop en la memoria anual que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

No es solo una reivindicación sindical. El juez decano, en representación de la judicatura salmantina, considera también equivocada la nueva ubicación del Juzgado de Menores, en la séptima planta de la antigua sede del MOPU, en la avenida de Torres Villarroel. Es «perjudicial para la atención a los menores» por tratarse de «un edificio compartido con dependencias administrativas de otras entidades y administraciones». En su informe, Rollán revela que tanto él como el titular de esa sala y el presidente de la Audiencia Provincial han enviado hasta cuatro oficios a la Subdirección General del Obras del Ministerio insistiendo en la falta de idoneidad del nuevo emplazamiento. Y no solo por la exposición a la que se somete a los niños y adolescentes, tanto víctimas como denunciados, sino por la dispersión actual de los órganos de jurisdicción penal. Por ello, reclama su traslado este mismo año al edificio de la plaza de Colón. Y, por el mismo motivo, también de sala de Vigilancia Penitenciaria, hoy en la Gran Vía.

Pero no es la única carencia que los magistrados detectan en los tribunales de la capital. Tras la creación a finales del pasado año del Juzgado de lo Social número 3, en su informe remarcan de nuevo el riesgo de colapso sobre el que llamó la atención el pasado año el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción. La carga de trabajo de los ocho juzgados de primera instancia con competencias civiles generales se ha disparado en los últimos cinco años. Los procedimientos han pasado de 12.109, en 2019, a 15.302, en 2023. «Superan persistentemente cada año», según señala la memoria, la ratio de 1.200 asuntos fijada por el Ministerio y atienden un promedio de un 50% más, «lo que ha conllevado, por un lado, el incremento del tiempo medio de señalamiento», que ha pasado de tres a cinco meses en cinco años. Por ello, después de que Llop hiciese caso omiso, Rollán reclama a Bolaños «la urgente creación» del Juzgado de Primera Instancia número 11.

En la sección Penal, la memoria se hace eco de la demanda sin responder de las dos juezas. Ante el elevado número de ejecutorias que tramitan, consideran aconsejable un tercer juzgado en este ámbito.

Necesidad de personal

En la «carta de peticiones» de la judicatura al ministro, evidencian también la falta de personal. Hace un mes, el Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas mostraba que en un año —de julio de 2022 al mismo mes de 2023— los tribunales de la provincia han adelgazado su plantilla un 12% —de 418 a 366 trabajadores—. En esa línea, cinco juzgados de Primera Instancia piden aumentar la plantilla en uno o varios gestores y en otros tantos tramitadores o, en su defecto, que se adopten medidas de refuerzo, como la ampliación de jornada. También el Registro Civil reclama más manos para hacer frente al aumento de expedientes. Otras dos salas de Instrucción exponen necesidades similares, y una tercera pide ampliar la jornada de varios funcionarios para dar salida al trabajo acumulado. Y, los dos de Penal solicitan uno o dos gestores o tramitadores más.

El polémico ascensor

Entre los equipamientos exigidos, el más destacado es el polémico ascensor del edificio de Torres Villarroel, a donde además de Menores se trasladaron los dos contenciosos-administrativos. El retraso en su puesta en marcha ha sido motivo de múltiples quejas especialmente por la falta de accesibilidad y para quienes deben subir a la sétima planta.

El bloqueo informático

Los sistemas de videoconferencia y de gestión informática continúan siendo uno de los grandes lastres de la Justicia salmantina. Las recurrentes averías y los problemas de conexión acentúan los retrasos en la resolución de muchos procedimientos. Para los jueces de la capital del Tormes, es necesario que el Ministerio «se proceda a la mejora de la capacidad y la velocidad de las distintas aplicaciones informáticas». «Pese a las bondades del sistema en cuanto que supone un ahorro de tiempo y optimización de trabajo, ha evidenciado que se precisa un sistema con mayor capacidad de transmisión de datos que evite tanto la actual lentitud como los continuos fallos de conexión, que, pese al tiempo transcurrido desde su implantación, siguen persistiendo y ralentizando el trabajo diario», señala el juez decano, Juan Rollán, en el informe remitido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

«Minerva», como se llama el sistema de gestión procesal que se utiliza en los tribunales de la provincia, no solo es lento, sino que cuando se avería puede pasar toda una mañana sin funcionar, como ha ocurrido en repetidas ocasiones durante el último año. «Es necesario que se agilice la resolución de incidencias», recalcan los jueces, que también apuntan que el Ministerio realiza actualizaciones que no comunica a los empleados y que resulta engorroso en la realización de múltiples trámites.

Si bien los fallos de «Minerva» exasperan a todos los funcionarios, ya que les afectan por igual, las fallidas videoconferencias provocan retrasos más importantes en la resolución de los procedimientos. Durante la huelga de funcionarios, se comprobó que la falta de este servicio representaba un cuello de botella. Pero no solo las protestas de los funcionarios privaron a los juzgados de las videoconferencias, sino también las propias deficiencias técnicas. Es «frecuente que, cuando se señala un juicio u otro acto judicial, el juzgado que debe facilitar la conexión no tiene disponibilidad de sala por tener ese día ocupado, lo que obliga continuamente a demorar los señalamientos y confeccionar y remitir nuevas peticiones de auxilio judicial nacional», remarca la memoria. Pero además el sistema que el Ministerio ha implantado en el territorio en el que las competencias no han sido transferidas a las autonomías, como Castilla y León, no siempre son compatibles con los de otras comunidades, lo que dificulta el visionado y la audición.

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