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Desde el próximo viernes los mayores de 60 años, jubilados y pensionistas empadronados en Salamanca recibirán el servicio de asesoría legal gracias al acuerdo firmado este martes entre el Ayuntamiento y el Colegio de la Abogacía en el marco del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica y el Programa de Información Específica para Personas Mayores.
Podrán plantear consultas jurídico-legales y recibir información que les facilite disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales, así como apoyo ante cualquier situación de desatención en este ámbito.
Como novedad, contempla como beneficiarios también a los miembros de las juntas directivas de asociaciones y organizaciones de mayores para la resolución de dudas y consultas sobre sus derechos y obligaciones relacionadas con el desempeño y sus responsabilidades en las directivas.
Desde el año 2016, han sido 619 las personas que han recurrido a él hasta ahora, a excepción de los dos últimos años que el acuerdo quedó en suspenso. ¿El motivo? Las discrepancias en el seno del propio Consistorio en relación a si el servicio debía prestarse a través de concurso público.
«Nosotros siempre hemos creído que el asesoramiento jurídico debía ofrecerse a los mayores desde una institución oficial. Nos parece más conveniente tener una relación con una institución antes que lanzar un concurso público entre empresas», especificó el alcalde, Carlos García Carbayo, tras la renovación del acuerdo.
El decano de los abogados, Miguel del Castillo, especificó que las demandas más habituales hasta ahora han sido las relacionadas con el derecho a visitas de los abuelos a los nietos, dudas sobre la pensión y sobre derechos de los cónyuges.
Por otro lado, Del Castillo también calculó que cerca de 45.000 vecinos de Salamanca podrían ser beneficiarios de este servicio, que se prestará en la sede del Colegio de Abogados los martes y viernes, de 9:30 a 12:30 horas, en la plaza de la Abogacía, 4-5, de forma presencial y con cita previa a través del teléfono 923268566 y en la web www.icasal.com.
Sólo se considerará la atención domiciliaria para las personas mayores que se encuentren en situación de imposibilidad permanente de trasladarse o en el momento inaplazable de necesidad del servicio para acudir hasta el Colegio de la Abogacía.
Por otra parte, el acuerdo también contempla la realización de jornadas formativas, a través de las cuales se realiza un asesoramiento colectivo, abiertas también a técnicos de las administraciones y a las juntas directivas de las asociaciones de mayores, así como a todos letrados interesados en conocer las inquietudes de los destinatarios del servicio.
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