Inversiones por 27 millones, lastradas en Salamanca por el coste de los materiales y la energía

En 2022 fueron, al menos, 128 las licitaciones declaradas desiertas en esta provincia al no presentarse ninguna oferta. Tomando como base de información la Plataforma de Contratación del Estado, en la que por ley deben publicarse todos ellos, la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade ha realizado un pormenorizado estudio, uno por uno, de todos los contratos declarados desiertos en España: 7.463 licitaciones por más de 5.300 millones. En esta provincia son casi el doble que en 2021, en el que fueron 69. No solo aumento su número, sino lógicamente también el importe de la inversión paralizada. De 19,2 millones de euros se pasó a casi 28, un 44,6% más.

Fue en mayo de 2021 cuando LA GACETA denunció por primera vez “los primeros retrasos de obra pública por la radical subida de precios de materiales”. Era el caso de la miniciudad deportiva Lazarillo de Tormes, en el barrio de Tejares, que se licitó en 2021 y no se ha conseguido adjudicar hasta hace dos meses. Inicialmente cuatro empresas optaron a este contrato, pero ante la evolución del mercado todas renunciaron. Este solo es un ejemplo de que el problema no comenzó el pasado año, sino mucho antes, por lo que no es descabellado estimar que realmente la inversión que se ha ralentizado asciende a 46 millones.

Pero los sobrecostes de materiales y energéticos no solo han llevado a las empresas a no arriesgarse con obras públicas con presupuestos muy ajustados, sino que, también ha habido compañías que han renunciado a continuar con los proyectos cuando ya habían formalizado el contrato para ejecutarlos, o la administración que se lo adjudicó rescindió el acuerdo tras comprobar que la obra no avanzaba. Estos aumentarían aún más el importe de la inversión prevista en la provincia que se ha estancado en los últimos dos años y que, en obras financiadas con fondos europeos, como las vinculadas a los proyectos Tormes+, el Life Vía de la Plata o al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, corren el riesgo de perderse si no se ejecutan en un plazo determinado.

Durante algunos meses, a las administraciones públicas les resultaba imposible actualizar los presupuestos al mismo ritmo que se elevaban los costes de los materiales. Los empresarios del sector reconocen que no se mantenían ni dos semanas antes de sufrir una nueva subida. Ahora que la escalada de precios parece menor y más lenta, los empresarios insisten que aún hay algunos ayuntamientos y organismos regionales o nacionales que continúan planteando precios desfasados “imposibles de asumir”.