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Jueves, 21 de febrero 2019, 12:41
Un millar de trabajadores de la seguridad privada de las cárceles españolas han iniciado protestas por la medida anunciada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que pretende retirar la seguridad privada de la vigilancia de los exteriores de las cárceles una vez finalicen los contratos y sustituirla por más guardias civiles.
Aunque la medida ha quedado parada con la convocatoria de elecciones, ya que dependía de los Presupuestos Generales del Estado, se mantiene la inseguridad laboral para la docena de vigilantes privados que trabajan en la cárcel de Topas en la zona de control de cámaras. Cabe recordar que hace seis años que el Gobierno del PP reubicó a los escoltas del País Vasco en tareas de seguridad en las prisiones, algo que los sindicatos criticaron por privatizar un servicio público que corresponde a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ahora, con el aumento de las promociones de la Benemérita, el PSOE apuesta por devolver este servicio a los agentes de la Guardia Civil.
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