La huelga que espera un nuevo Gobierno

Tres días antes del inicio de la campaña electoral de los últimos comicios generales, el pasado 4 de julio, los cuatros sindicatos convocantes —CSIF, STAJ, UGTy CCOO— acordaron suspender la huelga de funcionarios de justicia. ¿Habían conseguido sus objetivos? Ni mucho menos. «La situación no ha cambiado», aseguraban desde el comité de huelga. Pero, además del agotamiento de los trabajadores tras 78 días de paros, y la consiguiente disminución de ingresos que supuso para quienes los apoyaron, la inminente cita con las urnas restaba sentido a las recalamaciones a una ministra de Justicia y a un Gobierno central cuya continuidad en ese momento no estaba asegurada. Sin embargo, las protestas que la pasada primavera lograron paralizar la actividad judicial de la provincia no han acabado. Según confirman fuentes de los propios sindicatos convocantes, tan solo están «dormidas» a la espera de que se conforme un nuevo Ejecutivo.

Si el descanso estival podía haber contribuido en algo a calmar los ánimos, el pasado 3 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la actualización del régimen retributivo en la Administración de Justicia. Con ella, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia verán incrementadas sus retribuciones con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 tras los acuerdos alcanzados con las asociaciones judiciales y los sindicatos que representan a estos colectivos profesionales. «Una circunstancia con la que se reconoce la importancia de quienes trabajan en el ámbito judicial y se avanza en las reformas organizativas y en la modernización del sistema recogido en las leyes de eficiencia judicial», afirmaba el Ejecutivo central en una nota de prensa hace una semana. Si el pasado abril fue precisamente el acuerdo de mejora retributiva que el Gobierno rubricó con los secretarios judiciales el detonante de la huelga de auxilios, gestores y tramitadores, la consumación de ese aumento salarial ha arrojado más leña al fuego. «Se han saltado la negociación colectiva», aseguraban ayer fuentes sindicales a este periódico, insistiendo en que en cuanto se conforme un nuevo Ejecutivo y se nombre un nuevo titular de Justicia volverán las protestas.

Hay que recordar que una de las principales reclamaciones de los funcionarios era un actualización salarial en la línea de la acordada con los letrados de la administración de justicia. Desde el 17 de abril hasta el 5 de julio, se sucedieron 78 días de paro en los juzgados de la provincia. En ese periodo, se calcula que se suspendieron en Salamanca en torno a un millar de actuaciones, entre vistas y declaraciones.

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