Guarderías asfixiadas por los retrasos en los pagos de la Junta

La Junta de Castilla y León tiene que pagar este curso a los centros privados que ofrecen enseñanza gratuita para niños de 1 a 3 años entre 43.069 euros, a los que tienen una única aula, y 215.345, a los que tienen cinco. Especialmente para los más pequeños, principalmente las guarderías, estos montantes representan una gran parte de sus ingresos anuales. Es todo el dinero que reciben por ofrecer el segundo y tercer curso del primer ciclo de Infantil y lo cobran en dos pagos. Aproximadamente el 40% se les ingresa a lo largo del mes de octubre y el resto en torno a marzo. Sin embargo, como ya ocurrió el pasado curso, el primer abono, con el que los centros cuentan para hacer frente al pago de nóminas, recibos de suministro y alquileres de locales, ha vuelto a llegar con retraso para algunos de ellos. Según fuentes de la asociación que agrupa a la mayor parte de guarderías de Castilla y León, a casi medio centenar de centros de la Comunidad no se les ha ingresado aún ese dinero. De ellos, al menos cuatro se encuentran en la provincia de Salamanca. Esto no significa que el resto hayan recibido el ingreso en los primeros días del pasado mes, sino que en la mayoría de los casos no dispusieron de la transferencia hasta la últimas semana de octubre, cuando muchas ya estaban dispuestas a recurrir a créditos y otras vías de financiación para poder hacer frente a las deudas, una situación de asfixia económica que ya denunció el sector hace un año y que este otoño se ha vuelto a repetir.

Ante estas quejas, fuentes de la Consejería de Educación aseguran que «los centros que han presentado toda la documentación necesaria, ya han cobrado». Y añaden que los que aún no habrían recibido el primer pago son aquellos que «necesitan subsanar algunas cuestiones». Tanto desde algunos de los centros afectados como desde sus gestorías insisten en que esto no es verdad. «Se incorporó todo en el expediente a tiempo», aseguran desde uno de los centros que aún no han cobrado, que prefieren que no se les identifique para evitar posibles represalias. De hecho, en algunos casos parte de la documentación tuvo que presentarse en papel porque el portal de la Junta no funcionaba correctamente y no se podía adjuntar por vía electrónica. Aseguran haber llegado a presentar la memoria económica que se les pedía en agostro y que posteriormente la administración autonómica les ha vuelto a pedir alegando que no la habían registrado. Llegan incluso a sospechar que desde la administración regional les exigen de nuevo papeles que ya han presentado para tener una justificación con la que retrasar los pagos. «Si no es así, tienen un desastre de organización y pierden documentación ya presentada», añaden.

«Estamos con la soga al cuello», afirman. Algunos de los centros educativos que exclusivamente ofrecen el primer ciclo de educación infantil llegan a tener hasta una decena de trabajadores, a los que deben pagar puntualmente cada mes. Los retrasos en los pagos de la Consejería de Educación están suponiendo que muchas estén recurriendo a créditos bancarios para poder abonar los sueldos, algo que después de las quejas del pasado curso esperaban no tener que volver a hacer.

Para muchas guarderías el dinero que reciben anualmente de la Junta de Castilla y León por las aulas gratuitas de primer ciclo de Infantil supone más del 50% de sus ingresos. Eso hace que cualquier retraso en el pago, aunque sea tan solo de unas semanas, haga que se tambaleen todas sus previsiones económicas y las lleva a recurrir a créditos u otras vías de financiación externa para poder afrontar diferentes pagos. Si ya este curso tienen una gran dependencia económica de estos fondos, el próximo será previsiblemente aún mayor ya que, conforme al compromiso adoptado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es que desde septiembre de 2024 la educación de 0 a 1 años pase a ser también totalmente gratuita. Esto supondrá que salvo el dinero que perciban por madrugadores, comedores o el horario de tarde la mayor parte de los ingresos de los centros de educación infantil privados sean los que reciban de la Consejería. Por ellos, exigen que se fijen fechas concretas para el cobro de esas subvenciones autonómicas, que acaben con la actual situación de incertidumbre, y que la administración regional cumpla con ese calendario.