El Gobierno deja a 1.800 familias sin niños sin ayuda para comida

Tres días antes de que se celebrara la Gran Recogida del Banco de Alimentos, su presidente, Godofredo García, ya advertía que se avecinaban curvas con el nuevo sistema de reparto por el que había optado el Ministerio de Derechos Sociales de cambiar el sistema de entrega de productos por tarjetas monedero. «No va a llegar a todos», advertía el representante de la ONG tras años de gestión del Fondo de Gestión Agraria (Fega) y llamar a todas las puertas para conseguir la solidaridad de empresas, particulares e instituciones. En ese momento, solo había incertidumbre. El Gobierno apuró el plazo y finalmente el miércoles aprobó el cambio que dejará a muchos salmantinos fuera.

La organización atiende en la actualidad a más de 9.000 personas en Salamanca, en torno a 2.400 familias, según los cálculos de la propia entidad. De esta cifra señalan que solo 600 núcleos familiares con menores a cargo se beneficiarían de la nueva fórmula de reparto. Se quedarían fuera personas mayores, inmigrantes en proceso de solicitud de asilo o con la prestación denegada y salmantinos que se encuentran en situación de exclusión que encontraba en la ayuda a la comida un complemento al Ingreso Mínimo Vital, familias con mayores de 18 años con problemas. A todas estas personas el Banco de Alimentos tendrá que seguir ayudándolas, pero eso sí con los fondos propios de la institución y sin los 200.000 kilos de comida gratuita que recibían del Gobierno, según los cálculos ofrecidos por la ONG. «A partir de ahora vamos a depender mucho más de las asociaciones porque lo que tenemos claro es que nosotros no podemos dejar caer a la gente vulnerables. Está en nuestros principios», confiesa el responsable del Banco de Alimentos.

«Desde el principio, confiesa, nos hemos opuesto a este modelo no por estar en contra de las tarjetas monedero sino porque va a haber muchas personas a las que se va a excluir».

Las ayudas para alimentos oscilarán entre los 130 euros al mes con dos miembros hasta los 220 euros en el caso de que haya cinco personas. Eso sí, la comida deberán comprarla en un supermercado al precio normal destinado para todos los usuarios, en vez de los alimentos que llegaban a precios competitivos gracias a que se adquirían al por mayor. «Nos tememos que aunque a las familias con hijos menores les ayuden, vamos a tener que seguir estando detrás», señala García.

Las tarjetas monedero sí permitirán la compra de productos de primera necesidad, de higiene y alimentos perecederos, que hasta ahora eran entregados a las familias con fondos propios del Banco de Alimentos y no del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega). El principal problema es que, según los cálculos de la Federación de Bancos de Alimentos, la compra de los productos a precio de mercado supone que lleguen a pagar entre un 70 y un 75% más por los productos.

La filosofía defendida por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para defender este programa y acabar con las conocidas como «colas del hambre» no va a culminarse debido a que la mayoría de las personas vulnerables van a tener que seguir recurriendo a los comedores sociales para llenar la nevera. Para paliar aquellas necesidades que no cubre el programa, Bustinduy emplaza a las ayudas de emergencia de los ayuntamientos olvidando que estas acciones son puntuales y no se prolongan en el tiempo como sí ocurría hasta ahora con la ayuda del Fega.

La despensa del Banco de Alimentos ya ha comenzado a vaciarse tras el gran éxito obtenido de la Gran Recogida. En esta edición se obtuvieron 150.000 euros —se cambió el sistema por donativos en metálico para que la ONG pudiera comprar directamente en los supermercados asociados, en función de las necesidades— y 25.000 kilos de alimentos. Además de esta ayuda también se obtienen aportaciones del Ayuntamiento (tiene un convenio de 92.000 euros) y la Junta de Castilla y León.

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