Frente nacional contra el mapa estatal de autobús que aísla aún más a Salamanca

Un nuevo frente autonómico se ha alzado contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Está dispuesto a plantar batalla para que se modifique el nuevo mapa concesional del transporte, que solo en Salamanca elimina de un plumazo el 88 % de las paradas que realizan las líneas de autobús gestionadas por el Estado pero que el Ejecutivo prevé que asuman la Junta de Castilla y León. Después de aliarse para unificar criterios y modelo de EBAU en sus territorios, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han enviado una carta al Ministerio de Transportes exigiendo la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial para reconfigurar ese mapa. Como ya informó este periódico en junio, Puente ha retomado este plan que se empezó a plantear en verano de 2022 y que cosechó duras críticas de la Junta de Castilla y León, la Diputación y los ayuntamientos de esta provincia. Pese a ello, el Gobierno sigue sosteniendo la supresión de 36 de las 41 paradas que existen actualmente en la provincia. Según la información facilitada por la Junta, tan solo se salvarían de esta criba los puntos de recogida y bajada de viajeros situados en la capital, Santa Marta de Tormes y tres cabeceras de comarca: Peñaranda de Bracamonte, Béjar, y Ciudad Rodrigo.

Desde el Ejecutivo nacional esgrimen que, según los estudios previos, «un 75% de las paradas analizadas en Castilla y León tuvieron menos de un pasajeros interautonómico diario en 2019». Insiste en que estas solo las utilizan un 3 % del total de viajeros que utilizan los servicios de autobuses gestionados por la Administración General del Estado en la Comunidad. Ante ello, defiende la necesidad de «reordenar la rutas para optimizar el servicio y atender mejor las demandas reales de los ciudadanos». Frente a ello, el Partido Popular esgrime que el nuevo mapa de concesiones deja a 3,25 millones de personas sin servicio de autobús estatal. En esta provincia, se privaría a 17.482 salmantinos de la posibilidad de coger una de las rutas de transportes estatal en los 33 municipios en los que residen.

«La información ofrecida por el Ministerio no tiene en cuenta la diversidad territorial de todo el país, en especial de Castilla y León, donde la Junta no ha tenido en cuenta el número de usuarios del transporte público para garantizar el 100 % de estos servicios», denuncia la Consejería de Movilidad de Castilla y León, a cuyo frente se encuentra José Luis Sanz Merino. Esta misma semana, él ha defendido en Salamanca que el servicio público de transporte acerca a los ciudadanos al centro de salud, los hospitales, la universidad y el comercio, con lo que «si no se garantiza este acceso, se produce una desigualdad».

El departamento de Óscar Puente defiende su posición argumentando que el tiempo de viaje entre Lugo y Palencia se reducirá en una hora y cuatro minutos, y el de Barcelona a Valladolid en dos con nueve por la supresión de paradas. No precisa, eso sí, cuánto tardará ni qué combinación de transporte público tiene una persona que resida en Fuentes de Oñoro o Peñaparda para llegar hasta Madrid.

Aunque por reglamento hay obligación de convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, a la que asisten todas las autonomías, cada seis meses, lleva sin convocarse desde julio de 2022. Ante ello, los consejeros denuncian que este mapa se trata de sacar adelante sin tener en cuenta a los gobiernos regionales. También rechazan la dotación económica con la que el Ministerio de Óscar Puente quiere compensar a las comunidades. Serían 40 millones al año, de los que 25 se pagarán a través de subvenciones directas y otros 15 se percibirían a través de la recaudación por compra de billetes para las líneas de autobús. Sin embargo, las estimación del PP es que el coste mínimo por la prestación de los servicios que dejará de realizar el Estado y asumirán las administraciones autonómicas ascenderá a 110 millones de euros, casi el triple de los fondos que el Ministerio ha prometido destinar.

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