Engaños y gestión desastrosa: así fue el estallido de la covid

Fue un reto mayúsculo, pero las instituciones no estuvieron a la altura de la ciudadanía. La gestión nacional y autonómica de la pandemia fue un dechado de improvisaciones, ocurrencias y faltas de previsión que dieron ocasión a los aprovechados para perpetrar sus chanchullos.

Todo comenzó con la inconsciencia del Gobierno ante lo que se venía encima en los días previos. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, fracasaba como agorero el 31 de enero al afirmar que «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Excesiva prudencia de un Gobierno que, al ver aumentar rápidamente la cifra de afectados, se le disparó la descoordinación entre ministerios ofreciendo una imagen de descontrol e improvisación.

«El sistema sanitario está preparado», decía el 12 de febrero un confiado ministro Illa. «No tiene sentido que la población esté preocupada por no tener mascarillas en casa», reiteraba dos semanas después, cuando ya había contagios locales. Antepusieron su propósito de no alarmar y perdieron un tiempo precioso para reforzar la prevención.

El 8 de marzo y desoyendo las advertencias de la UE y del sector sanitario, el Gobierno permitió irresponsablemente la marcha por el 8-M en Madrid , un mitin y un acto político de Vox que reunieron a miles de personas. Los contagios se dispararon, ente ellos varios miembros del Gobierno y hasta la esposa del presidente Sánchez. A los pocos días la situación se hacía insostenible y el Gobierno decretaba el estado de alarma y el confinamiento de la población.

La creciente presión hospitalaria de la primera ola de covid pilló por sorpresa a los centros hospitalarios. No había equipos de protección personal suficientes y buena parte del material que les llegaba era defectuoso. Muchos de estos héroes cayeron víctimas de la enfermedad que combatían. Mientras tanto, el Gobierno permitió que las comunidades autónomas se lanzasen por su cuenta a la compra desesperada de EPIs, mascarillas, respiradores, desinfectante, tests y todo tipo de material imprescindible para hacer frente a la enfermedad. Todos participaron en mayor o menor medida de esa carrera desesperada, dejando de lado la necesaria fiscalización del gasto público. Y, cómo no, aparecieron los mediadores, los conseguidores, los listos de turno que, tirando de contactos más o menos sospechosos buscaron a toda costa conseguir ese cargamento de mascarillas chino o esos respiradores de dudoso origen que, al llegar al hospital y quitarles el precinto, no servían. Se había esfumado el dinero y los pacientes seguían muriendo, mientras personajes sin escrúpulos se lucraban con una indecencia que hoy, cinco años después, aún sigue esclareciéndose en los tribunales.

En sus comparecencias semanales, el ministro de Sanidad y su mano derecha durante la pandemia seguían intentando echar balones fuera, desbordados por los acontecimientos. En cierta ocasión, y ya en la incipiente desescalada de medidas de control, Fernando Simón se escudó ante los periodistas en que las decisiones se tomaban atendiendo al dictamen de un comité de expertos, pero no quiso identificarlos. Tiempo después, el Gobierno reconoció que este comité no existía y que las medidas las tomaban el propio Simón y su equipo.

Mientras tanto, el Parlamento había sido cerrado impidiéndose el necesario debate sobre la crisis. El estado de alarma y los primeros confinamientos se prolongaron hasta tres meses en una medida que sería después declarada inconstitucional. La gestión de la crisis sanitaria se sumía en el caos, pero no solo en la administración central.

En Castilla y León, una de las comunidades más castigadas por el coronavirus con cifras récord a nivel nacional de muertos y contagiados durante la pandemia, los ciudadanos se veían sometidos a las restricciones más duras y a la desescalada más paulatina. Los errores de la Consejería que dirigía Verónica Casado con el aval del vicepresidente, el doctor Francisco Igea, comenzaban ya desde que se opusieron inicialmente a la práctica de tests masivos y continuaron al decretar cierres perimetrales de provincias sin una explicación para su estrategia y sin aportar resultados a posteriori. Los cambios de criterio estuvieron a la orden del día. Al final, ni los datos epidemiológicos cuadraban, propiciando una impresión de desgobierno que terminó por causar sufrimiento añadido a la población, que ya tenía lo suyo con el azote de la enfermedad.

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