Empuje al Plan de la Ciudad Vieja para ordenar y conservar el patrimonio en Salamanca

La capital está más cerca de contar con el ansiado Plan Especial de Protección de la Ciudad Vieja, un documento que aglutinará la normativa e instrumentos técnicos para ordenar, recuperar y conservar el patrimonio. A la vez analizará el cumplimiento de las normas urbanísticas, preservará la calidad del paisaje histórico urbano y el patrimonio edificado. Ya está en fase «muy avanzada» la contratación de un servicio de asistencia técnica para su redacción, tal y como avanzó ayer en el pleno ordinario el concejal de Fomento, Fernando Carabias. El edil añadió que el plan contempla la actualización de las obras autorizadas y ejecutadas desde 2007. En este sentido, recordó que en los últimos años se han catalogado «aproximadamente» 20 edificios y lugares de interés.

Carabias avanzó el plan en los dictámenes de la Comisión de Fomento sobre la modificación del PGOU a petición de sendos propietarios de edificios en el centro de la ciudad. Además, la sesión plenaria dio el visto bueno a la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, que entrará en vigor 15 días después de publicarse en el Boletín de la Provincia. Si bien, como permite la legislación, las limitaciones de circulación para los vehículos con etiqueta ambiental A se retrasarán hasta 2029, excepto en el caso de los residentes que en ningún caso se verán afectados por dicha limitación, por lo que nunca se verán obligados a cambiar de vehículo. Se trata de un documento «fruto del consenso» en el que, a lo largo de su proceso de elaboración, el Consistorio ha contado con las opiniones, sugerencias y propuestas realizadas por las asociaciones empresariales y de vecinos, tal y como señaló ayer el concejal de Protección Ciudadana y Tráfico, Ángel Molina. No obstante este punto no contó con el apoyo de Vox, que votó en contra, mientras que el PSOE se abstuvo.

Las críticas principales:que la normativa no está adaptada a la realidad de baja contaminación de Salamanca, que no tiene en cuenta necesidades de acceso a través de transporte público y bicicleta hasta el centro y que se trata de una peatonalización solapada, una acción que en opinión de Vox supone el deterioro del tejido comercial de las calles afectadas. La única moción presentada por el PP fue la que apostó por la defensa de los gobiernos municipales constitucionalistas y por la condena al terrorismo.

A lo largo del año 2024 el Ayuntamiento creará 220 nuevas plazas de aparcamiento en las zonas norte y sur de la ciudad. Fernando Carabias, concejal de Fomento, avanzó la intención del Consistorio en el pleno, en el que repasó que desde el año 2022 se han creado 497 plazas en la capital y se han eliminado 475, tras la ejecución de los proyectos para la ampliación de las aceras y plataforma única, así como para la mejora de la accesibilidad.

Durante la sesión plenaria también se debatió un punto importante desde el punto de vista de la seguridad en el ocio nocturno. Según el concejal de Protección Ciudadana, Ángel Molina, a lo largo de este año la Policía Local y los Bomberos han ejecutado 1.801 actuaciones en establecimientos de este tipo y han levantado actas en tres establecimientos, en los que se han firmado cinco denuncias por exceso de aforo. Su resolución, aclaró, depende de la Junta de Castilla y León, «que es el órgano competente para determinar la sanción».

Por otro lado, el PSOE presentó dos mociones que no salieron adelante. En una el Grupo Municipal Socialista planteaba la creación de una Feria de Adopción de Animales, precisamente en esta época del año en la que se regalan más animales de compañía. El PP votó en contra al considerar que una feria no lograría el fin de reducir el abandono. Tampoco se aprobó la moción socialista para garantizar el derecho a la continuidad asistencial en casos de discapacidad funcional o temporal, es decir, garantizar una atención para personas que salen del hospital y no encuentran ni plaza de residencia para terminar de recuperarse antes de volver a casa.

El concejal Juan José García Meilán criticó que en toda la provincia solo existen seis plazas con este fin, mientras que en ciudades como Segovia hay 20 y en Teruel, 25. Tanto Vox como el Grupo Municipal del Partido Popular votaron en contra, ya que consideraron que este servicio se cubre al incluirse dentro del paquete de servicios de Servicios Sociales y de Dependencia de Castilla y León, uno de los mejor valorados de España.

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