Los empresarios salmantinos denuncian «persecución incentivada» y «carga burocrática excesiva»

«No se comprende el atosigamiento recaudatorio a las empresas. No tiene ningún sentido que un inspector trabaje con incentivos. La inspección tiene que estar detrás de las prácticas desleales y que están fuera de la ley, pero eso es muy distinto a que salgan a la calle directamente a sancionar», denuncia el secretario provincia de la Confederación Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Flórez, ante el agresivo control al que se somete a las empresas de la provincia. «Abrir un negocio y mantenerlo en pie se está convirtiendo en una tarea titánica. Si a todo esto se nos suma una legislación leonina y una persecución incentivada, se está alentando la desaparición de empresas», remarca. En esta línea, Flórez remarca que hay compañías que tienen personal exclusivamente para hacer frente a las inspecciones.

Tanto el representante de CES como el presidente de CEOE-Cepyme, Diego García, coinciden en apuntar que el mayor número de empresas que existen en Madrid, así como su mayor volumen, hacen que la probabilidad de verse sometido a una inspección o control aleatorio sea menor que en Salamanca, donde son muchos menos». «Estamos sometidos cada vez a una mayor presión fiscal y a una carga burocrática excesiva. Y si estar en una región como Castilla y León te penaliza, las empresas se trasladan a otro lugar.

Es el caso de los agricultores, cuyas protestas llegan, entre otras cosas, por la mayor carga fiscal y por la implantación del cuaderno digital. Se nos somete a un control exagerado con el que al final lo que se consigue es ser menos competitivo, porque todo ello conlleva unos costes que al final se repercuten en el coste final», remarca Diego García. Frente a todo ello, las dos confederaciones empresariales reclaman menos trabas y papeleo, y más apoyo y bonificaciones a las empresas.

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