Fue en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con Juan Fernando López Aguilar al frente de la cartera de Justicia cuando se comenzó a proyectar la reforma del Palacio de Justicia. Han pasado más de 17 años y, aunque para el inicio de las obras en el edificio que acoge la Audiencia Provincial falta, como mínimo otro medio año, comienza el «baile» de juzgados para vaciar el inmueble de Gran Vía de cara a esta remodelación. La culminación de los trabajos de acondicionamiento de cuatro plantas del antiguo MOPU en Torres Villarroel por 582.149 euros hace posible que, tal y como ha establecido la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León, este lunes y martes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 se trasladará de su ubicación actual, en los juzgados de la plaza de Colón, a su nuevo emplazamiento en la primera planta del edificio en el que también se encuentra la Unidad de Carreteras del Estado y pronto estarán también las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El miércoles y jueves, 29 y 30 de noviembre, será el turno del otro contencioso. El número dos se reubicará en la sexta planta del mismo inmueble. Finalmente en los dos días previos a la fiesta de la Constitución, el Juzgado de Menores, que actualmente ocupa parte del Palacio de Justicia de la Gran Vía, se mudará también a Torres Villarroel, concretamente al último piso, donde también se ha habilitado una sala de vistas. Se completarían así los espacios de este inmueble que Justicia comenzó a reformar en febrero.
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Con esta planificación, tras el puente de diciembre en el complejo de la plaza de Colón quedaría espacio para dos nuevos juzgados. A las instalaciones que ocupa todavía el Contencioso-Administrativo número 1 se trasladará el 14 de diciembre el Juzgado de Primera Instancia número 8, que ya se encuentra en Colón. Y las otras oficinas liberadas se destinarán a que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con un compromiso que quedó plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El 31 de diciembre tiene que comenzar a funcionar en esta provincia el Juzgado de los Social número 3 y hasta ahora el Ministerio, a cuyo frente se encuentra ya Félix Bolaños en sustitución de Pilar Llop, no disponía de ubicación para él. Tuvo que descartar la opción de asentarlo en el antiguo local de la Cámara Agraria. Por ello, se ha optado por que desde el 19 de diciembre se asiente en las oficinas que ocupaba en Colón el Contencioso 2.
Después de todos estos cambios, el Palacio de Justicia de la Gran Vía llegará a final de año albergando prácticamente los mismos organismos judiciales que en la actualidad. Tan solo se liberará del Juzgado de Menores, por lo que la Audiencia Provincial y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria e Instancia nº 9 continúan en él, lo que impediría acometer la reforma del edificio. Antes de emprenderla, es necesario que concluya la reforma del edificio anexo —Gran Vía 39-41—, cuya culminación no está prevista hasta finales del primer trimestre del próximo año. Este se convertirá en ubicación temporal en lo que se desarrolla la remodelación de la sede del tribunal provincial. Pero para el traslado de esos órganos judiciales y la reforma del Palacio no hay fechas aún, a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado comprometían el inicio de esa obra en 2023. Algo inviable, como denunció LA GACETA hace meses.
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a licitar e iniciar la reforma del Palacio de Justicia este año, la Subdirección de Obras del Ministerio de Justicia apunta a poco más de un mes para que acabe que todavía «está pendiente la redacción de la versión final del proyecto», según se ha comunicado a la junta de personal de la Administración de Justicia esta misma semana. Esto implica que, aunque se consiguiese llegar a tiempo para licitar el proyecto antes del 31 de diciembre, en ningún caso las obras de acondicionamiento del inmueble de Gran Vía que se llevan demandando desde 2006 comenzarían antes de medio año, plazo necesario para la presentación, valoración y selección de las ofertas. Además, los trabajos no se podrían emprender tampoco hasta que la Audiencia Provincial y los Juzgados de Vigilancia Penitencia e Instancia número 9, así como el resto de dependencias emplazadas en el edificio, sean reubicadas en el inmueble contiguo, cuyas obras no concluirán, al menos, hasta febrero. En ese espacio permanecerán «durante los tres o cuatro años de rehabilitación del Palacio de Justicia», avanzó en abril el informe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En ese tiempo ya se puede adelantar que habrá que buscar más espacios para reubicar juzgados de nueva creación que desde hace varios años reinvindica el juez decano de Salamanca y el TSJCyL: una tercera sala de Penal y el undécimo juzgado de Instancia.
«El actual edificio tiene 64 años y no ha sufrido nunca una reforma en condiciones. No reúne las condiciones de accesibilidad legalmente previstas, cuestión esta en la que se viene insistiendo reiteradamente ante el Ministerio de Justicia y la Gerencia, con nulo resultado con la excusa de la inminente reforma del edificio y las dificultades técnicas, siendo necesario acudir a los Servicios Sociales o a Cruz Roja para prestar la ayuda necesaria para el acceso al edificio de personas con movilidad reducida o la celebración de juicios en el edificio de los juzgados», denunció el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Vega, en su último informe anual.
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